Un insensible abuso de poder
La reacción del Municipio de San Juan contra el mensaje de condena de la violencia machista impulsado por el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico no sólo interfiere con el derecho a la libertad de expresión, sino contrasta con la política del Estado, que busca frenar la ola de ataques a mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.
La reacción del Municipio de San Juan contra el mensaje de condena de la violencia machista impulsado por el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico no sólo interfiere con el derecho a la libertad de expresión, sino contrasta con la política del Estado, que busca frenar la ola de ataques a mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.El Municipio inicialmente multó con $1,000 a cada una de las mujeres que pintaron un mural alusivo a su campaña, además de borrar con pintura el mensaje, pero el grupo acudió al Tribunal de Primera Instancia y la jueza Rebeca de León firmó un entredicho provisional que ordenaba al gobierno municipal “no impedir a las demandantes pintar murales como medios de expresión en lugares denominados foros públicos tradicionales”.
Las mujeres regresaron el sábado a pintar nuevamente el mural, pero pocas horas después, el mensaje volvió a ser borrado con pintura, presumiblemente por brigadas municipales. Esta vez, además, alguien escribió en letras rojas un fuerte mensaje contra el alcalde Jorge Santini y contra “la violencia machista”.
El caso continuará viéndose en el tribunal, ya que las mujeres también impugnaron las multas que les impuso la Policía municipal.
En los primeros siete meses de 2010, quince mujeres murieron en Puerto Rico asesinadas por hombres que eran o habían sido sus parejas. La cifra iguala el número de mujeres asesinadas por la violencia machista en todo el 2009.
Por eso, el mensaje del Movimiento Amplio de Mujeres, plasmado en el mural pintado en un área tradicionalmente utilizada para la expresión pública en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, representaba un reclamo urgente de acción y cobro de conciencia, completamente afín con lo que debe ser una insistente política del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género.
Existe, por tanto, un interés preponderante del Estado en difundir ampliamente el mismo mensaje que contenía el mural: “Todas y todos contra la violencia machista”.
En junio pasado, El Nuevo Día auspició un foro en el que funcionarios de diversas agencias, así como expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales, discutieron el problema de la violencia machista, precisamente en busca de un eventual frente común para combatir este mal.
Como puntualizamos en un editorial el mes pasado, en el foro se reconoció la necesidad de que se les dé mayor participación a las organizaciones no gubernamentales con experiencia y verdadero enfoque de género. Incluso se planteó que el Departamento de Justicia instruya a sus fiscales para que mantengan comunicación con estas y otras organizaciones comunitarias, de manera que se les prevenga sobre situaciones de violencia doméstica en sus comunidades.
Por ello, resulta contradictoria la reacción del Municipio de San Juan contra las actividades del Movimiento Amplio de Mujeres. La Policía municipal debería, en vez de reprimir la militancia de este grupo contra la violencia machista, colaborar en la difusión del mensaje. Y el gobierno municipal tendría que asumir un rol protagónico y poner al alcance de estos grupos los medios para que el esfuerzo rinda frutos positivos.
En cambio, lo que hace es entorpecer el trabajo educativo y poner multas basadas en una ordenanza municipal cuya constitucionalidad cuestiona el Movimiento Amplio de Mujeres, que sostiene que les priva de ejercer un derecho constitucional como lo es la libertad de expresión.
Es tiempo de consenso, de unión de voluntades, de prevención y de acción contra un problema de salud pública y de seguridad que debemos comenzar a combatir bien temprano, con la educación de nuestros niños y niñas, así como con el ejemplo de una sana convivencia.
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