Confinadas en vías de rehabilitación horneando dulces y pan

jueves, 4 de agosto de 2011 12:49 p.m. Istra Pacheco / Primera Hora

Vega Alta.- Treinta confinadas de todos los niveles de custodia comenzarán a trabajar en un proyecto piloto para procesar pan y dulces como una medida hacia su rehabilitación.
Las mujeres tendrán a su cargo el trabajar material que ya está congelado y que necesita ser horneado para luego venderlo a las 16 comisarias o tiendas que existen en las diferentes cárceles del país.
El proyecto pretende producir 3,600 libras de pan semanales.
Así lo informó el secretario de corrección Carlos Molina, en la escuela industrial de mujeres de Vega Alta. “Esto vino para quedarse, pero depende de ustedes”, dijo el titular de corrección en un mensaje dirigido al grupo de confinadas que a partir del lunes comenzarán el adiestramiento para procesar los materiales que suplirá la compañía Los Cidrines.
El secretario dijo que una vez se cumpla con esta fase, se comenzaría la segunda parte del proyecto para hacer bizcochos y otros postres que sustituirán los ofrecimientos actuales que llegan enlatados.
No se informó de inmediato, a cuánto asciende el contrato con la empresa Los Cidrines.

Otro golpe a la humanidad de l@s confinad@s

Con profundo pesar nos enteramos de que la Corporación de Acción Civil (CACE) se verá obligada a cerrar sus puertas porque el Juez federal Barbadoro no le ha aprobado el presupuesto para el próximo año. Me consta el gran trabajo de CACE con las y los confinados de Puerto Rico, a quienes representaban legalmente en pleitos civiles. Pueden leer una noticia al respecto aquí:

Sin servicios legales gratuitos en casos civiles más de 11 mil confinados

Les copio, además, una columna de mi amiga la Lcda. Eva Prados Rodríguez, que recoge mis sentimientos y pensamientos sobre el tema!!!

Sin acceso a la justicia

Eva Prados (Abogada de Derechos Humanos)
Opinión-El Nuevo Día (ENDI.COM)

27/07/2011

Nunca olvido un seminario sobre litigación de derechos civiles, cuando un amigo abogado, que trabajaba en un bufete de la Milla de Oro, me contó que estaba allí porque tenía una demanda de un confinado contra unos oficiales de custodia que lo habían agredido abusivamente. Me contó que dicho caso llegó a sus manos luego que le fuera asignado a su jefe por un juez federal. El jefe, aunque aceptó ‘voluntariamente’ el caso, reunió rápido al grupo de abogados más jóvenes -y disponibles- del bufete, para zafarse de la “papa caliente”. Lo que no se esperaba -o quizás sí- era que todos los abogados y abogadas allí reunidos se negaran a llevar el caso. “Eso iría en contra de mis principios”, dijo una. “Yo no defiendo criminales”, soltó otro. Así, el “tesón moral” de un grupo de abogados y abogadas que no muestran gran reparo al representar a aseguradoras y desarrolladores inescrupulosos, patronos hostigadores, y que se prestan para escribir borradores de leyes que viabilizarán el despido de decenas de miles de seres humanos, les impedía representar a un ciudadano en una demanda por daños contra un funcionario agresor. Las personas confinadas son la población más vulnerable a violaciones crasas de derechos humanos, por estar completamente marginadas y bajo el total control del Estado. Apenas este fin de semana salió un artículo en El Nuevo Día sobre la falta de acceso a la justicia para quienes no pueden pagarla. Las personas recluidas en las cárceles se llevan la peor parte en esa historia, al no tener los recursos económicos, ni cosas tan básicas como un teléfono para llamar a un abogado.

Ahora más de 11,000 personas, mujeres y hombres que viven con su libertad interrumpida, no podrán acceder a los tribunales gracias a que la Corporación de Acción Civil y Educación (CACE), única institución que les aseguraba representación legal gratuita y especializada a sus necesidades dentro de las instituciones correccionales, cesará de dar sus servicios.

CACE integraba a un nutrido grupo de abogados y abogadas que visitaban las instalaciones penales de la Isla para atender quejas por condiciones carcelarias, servicios de salud, alimentación, medidas disciplinarias, seguridad y programas de rehabilitación. CACE incluso promovió programas pilotos de rehabilitación y reintegración a la comunidad como parte de sus proyectos.

La historia de mi amigo, junto a las memorias de los años 70 y 80, cuando la Isla quedó dentro de la lista de infiernos dantescos por las condiciones inhumanas que se vivían en las cárceles, me corre la cabeza sin parar al enterarme del cierre de CACE. La noticia es sencillamente alarmante.

Ellos pueden pero ellas no

Reclusas reclaman que se les permita tener sexo

Confinadas en Dominicana protestan, con vibradores, porque a los reclusos en el mismo penal se les conceden relaciones sexuales hasta con prostitutas
Por Antonio Peña (INS)

Santo Domingo - Las autoridades dominicanas dispusieron hoy el traslado de 22 internas de la cárcel pública de Najayo (sur del país), las cuales intentaron amotinarse en reclamo de que se les permita tener sexo con sus parejas en el penal, igual que a los hombres recluidos allí.

La directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, Patricia Lagombra, dijo que las reclusas fueron enviadas al penal de La Romana, al este del país.
Lagombra explicó que el incidente se originó cuando las internas Orquídea Reyes y Diomaris Valdez sostuvieron una reyerta y fueron referidas ante la supervisora del día, quien luego de una evaluación dispuso su envío al área de reflexión, a lo que Reyes se resistió y tuvo que ser sometida a la obediencia por personal de seguridad del centro.
Según fuentes, el pleito entre las reclusas se originó por la disputa de un vibrador.

La dirección de la cárcel de Najayo manifestó que Reyes comenzó a gritar y sus compañeras en los pabellones pensaron la estaban agrediendo físicamente y comenzaron a sonar los candados, sillas, lockers y a romper objetos y lanzaron orina a los policías que trataban de controlar la situación.

Las reclusas denunciaron que son discriminadas porque mientras a los hombres recluidos en ese penal se les permite tener relaciones sexuales con sus parejas, y hasta con prostitutas que acostumbran visitar la cárcel, a ellas se les niega ese derecho.
También argumentaron que el personal de seguridad ha despojado a algunas internas de vibradores, consoladores y otros objetos de estimulación sexual que les hacen llegar a la prisión.
Mientras, en Santiago, la segunda ciudad al norte del país, varias reclusas se han alborotado exigiendo a las autoridades que les permitan relaciones conyugales.

Ante esa situación, el subcoordinador del recinto carcelario, Ismael Paniagua Guerrero, dispuso reforzar la seguridad de la cárcel para evitar amotinamiento de las reclusas.
En el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey, de Santiago, las confinadas denunciaron que la seguridad de ese recinto despojó de un consolador y un pene de goma a dos internas que los alquilaban a sus compañeras a 50.00 pesos (1.38 dólar) por 15 minutos.
La procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Bielka Calderón, dijo que ordenó que los dos objetos se les devolvieran a las internas, con la advertencia de que no deben usarlos como negocio.

Calderón reconoció que es una discriminación que mientras a los internos se les permite tener sexo en la cárcel a las reclusas se le prohíbe.

No obstante, explicó que el caso es delicado porque muchas de las internas podrían tener relaciones sexuales como pretexto para embarazarse y evadir su responsabilidad penal, debido a que la ley en esos casos es flexible.