08-Enero-2010
EVA PRADOS
Publicado por El Nuevo Día
“La capacidad de una mujer para participar en la vida económica y social de una nación ha sido facilitada por su capacidad de controlar su propia vida reproductiva”. Ésta es una de las tantas expresiones que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho sobre la importancia de los derechos reproductivos, no sólo para la mujer sino para el desarrollo de un país.
El derecho a decidir sobre la capacidad reproductiva permite que mujeres y hombres tomen importantes decisiones en su vida. Decidir cuándo se quiere o no tener un hijo es una decisión crítica en la vida de una mujer, su familia y es uno de los más importantes temas de salud pública. Sin duda, la libertad reproductiva es una de las piedras angulares para la equidad entre los géneros y la base para el desarrollo de familias saludables.
La Corte Suprema de Estados Unidos demostró un gran compromiso con los derechos humanos y el desarrollo de su país cuando comprendió la importancia de que toda mujer tuviera el derecho a decidir sobre la terminación de un embarazo en la emblemática decisión de Roe v. Wade. Esta decisión no sólo fue histórica para ese país sino que estuvo a la vanguardia del movimiento internacional hacia los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, la nueva reforma de salud federal trae al debate público uno de los aspectos medulares sobre los derechos reproductivos de las mujeres: el deber del Gobierno de garantizar un verdadero ejercicio de estos derechos asegurando su acceso, sin discrimen por condición social, para que toda mujer puede decidir sobre su salud reproductiva.
El reconocimiento de un derecho a la salud y la intención que existe tras la reforma de salud propuesta por el presidente Barack Obama, es posiblemente una de las iniciativas más importantes en temas de derechos humanos de esa nación. Sin embargo, la enmienda presentada por el senador Bart Stupak para impedir el subsidio federal a planes médicos que cubran abortos (que pasó con una votación de 240 a 194) representa una clara política de discrimen por género con un impacto inmediato en la salud pública de la nación.
El asegurar un acceso completo a servicios de salud reproductiva (abortos, contraceptivos, salud prenatal) es garantizar un derecho a la salud para las mujeres, sin discrimen de género o por condición económica, y logra evitar el terrible riesgo a la salud pública que representan los abortos clandestinos e inseguros, entre otros efectos.
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