Caguas, Puerto Rico, viernes, 2 de marzo de 2012 – “La Ley 54 de violencia doméstica no necesita revisiones sino acciones”, expresó Proyecto Matria en la mañana de hoy.
Según la organización, lo recientes casos de violencia en relaciones de pareja en la Isla han demostrado que el peor enemigo de las mujeres que son víctimas es el sistema a cargo de implantar la ley. “Consistentemente hemos visto funcionarios que se niegan a aplicar la ley y se empeñan en juzgar las mujeres desde sus valores machistas o fundamentalistas. Precisamente por eso vimos cómo se excluyó de la aplicación de la Ley 54 a una mujer en una relación adúltera y a las parejas del mismo sexo”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de la organización.
Proyecto Matria reiteró que la erradicación de la violencia hacia las mujeres no puede depender exclusivamente de legislación o de una política punitiva. “Las mujeres de nuestra Isla necesitan que desde la sociedad civil se asuma una defensa vertical y honesta de sus derechos humanos, aún frente a entidades gubernamentales que utilizan el tema de violencia de género para politiquear y hacer relaciones públicas”, añadió Pagán aludiendo- entre otras- a campañas gubernamentales que considera sexistas como la Promesa de Hombre. La organización insistió en la importancia de mantener servicios de apoyo, intercesoría legal, desarrollo económico y vivienda transitoria para las sobrevivientes de violencia doméstica (de género). También recalcó la importancia de los trabajos de prevención.
Ésta añadió que en estos momentos es muy improbable que el gobierno de turno promueva una revisión positiva de la Ley 54 y que abrir esa puerta es poner en riesgo los avances logrados hasta el presente. “Estamos en tiempos en los que hay que fiscalizar y exigir el cumplimiento de la Ley y de los protocolos que la apoyan”, puntualizó.
“Contamos con un ejecutivo y una legislatura abiertamente vinculados a grupos religiosos conservadores que además se negaron a dar paso a las enmiendas propuestas en el verano pasado para incluir en la protección de Ley 54 a personas en relaciones clasificadas de adúlteras por el Código Penal o a parejas del mismo sexo. Eso ya nos da una idea de lo que podríamos esperar si se iniciara una revisión de dicha ley en este cuatrienio”, expresó la abogada. Ésta también expresó que para la organización no serían aceptables enmiendas o legislación que impliquen la exclusión de las parejas del mismo sexo- u otras categorías de relaciones de pareja- de la protección legal aplicable a parejas heterosexuales o casadas legalmente.
“No sólo se trata de garantizar los derechos humanos y la seguridad de toda persona que sufra violencia en una relación de pareja, sino de honrar el espíritu de nuestra Constitución y respetar la dignidad de todo ser humano desde un Estado laico”, concluyó.
Según la organización, lo recientes casos de violencia en relaciones de pareja en la Isla han demostrado que el peor enemigo de las mujeres que son víctimas es el sistema a cargo de implantar la ley. “Consistentemente hemos visto funcionarios que se niegan a aplicar la ley y se empeñan en juzgar las mujeres desde sus valores machistas o fundamentalistas. Precisamente por eso vimos cómo se excluyó de la aplicación de la Ley 54 a una mujer en una relación adúltera y a las parejas del mismo sexo”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de la organización.
Proyecto Matria reiteró que la erradicación de la violencia hacia las mujeres no puede depender exclusivamente de legislación o de una política punitiva. “Las mujeres de nuestra Isla necesitan que desde la sociedad civil se asuma una defensa vertical y honesta de sus derechos humanos, aún frente a entidades gubernamentales que utilizan el tema de violencia de género para politiquear y hacer relaciones públicas”, añadió Pagán aludiendo- entre otras- a campañas gubernamentales que considera sexistas como la Promesa de Hombre. La organización insistió en la importancia de mantener servicios de apoyo, intercesoría legal, desarrollo económico y vivienda transitoria para las sobrevivientes de violencia doméstica (de género). También recalcó la importancia de los trabajos de prevención.
Ésta añadió que en estos momentos es muy improbable que el gobierno de turno promueva una revisión positiva de la Ley 54 y que abrir esa puerta es poner en riesgo los avances logrados hasta el presente. “Estamos en tiempos en los que hay que fiscalizar y exigir el cumplimiento de la Ley y de los protocolos que la apoyan”, puntualizó.
“Contamos con un ejecutivo y una legislatura abiertamente vinculados a grupos religiosos conservadores que además se negaron a dar paso a las enmiendas propuestas en el verano pasado para incluir en la protección de Ley 54 a personas en relaciones clasificadas de adúlteras por el Código Penal o a parejas del mismo sexo. Eso ya nos da una idea de lo que podríamos esperar si se iniciara una revisión de dicha ley en este cuatrienio”, expresó la abogada. Ésta también expresó que para la organización no serían aceptables enmiendas o legislación que impliquen la exclusión de las parejas del mismo sexo- u otras categorías de relaciones de pareja- de la protección legal aplicable a parejas heterosexuales o casadas legalmente.
“No sólo se trata de garantizar los derechos humanos y la seguridad de toda persona que sufra violencia en una relación de pareja, sino de honrar el espíritu de nuestra Constitución y respetar la dignidad de todo ser humano desde un Estado laico”, concluyó.
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