ÉRIKA FONTÁNEZ TORRES
Apunta Slavoj Zizek, famoso filósofo contemporáneo que “no sólo hay respuestas equivocadas, sino que también hay preguntas equivocadas”. Y es que para problemas complejos no sólo hay que analizar las alternativas, sino que también hay que fijarse en cómo definimos el problema. Los problemas que enfrenta el país son caricaturizados por los políticos y candidatos a la gobernación a su conveniencia, con el resultado perverso de nunca llegar a la discusión y adopción de las políticas públicas que necesitamos.
Éste es el caso del referéndum que propone socavar nuestro derecho a la fianza. Los candidatos principales, faltos de ideas, llanos en sus propuestas, fracasados en sus quehaceres, nos piden sin más que aceptemos renunciar a un derecho que tiene en sus entrañas el “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. La pregunta será: ¿favorece la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la fianza? Habría que preguntarse si es esa la pregunta que necesitamos contestar y cuáles otras quedan opacadas.
A esta altura podemos afirmar que el derecho a la fianza no tiene implicaciones sobre los niveles de criminalidad y violencia que vivimos. Entonces, ¿por qué los candidatos a la gobernación que apoyan esa enmienda concentran ahí el problema? ¿Por qué nos piden que renunciemos a la garantía de que no se nos encarcele antes del juicio sin derecho a la fianza? Y esto precisamente en un estado de corrupción en la fuerza policial, sin unidades de investigación eficaces ni confiables y sin propuestas serias sobre cómo atajar la violencia y el narcotráfico que nos acecha. Se trata pues de una pregunta falaz, chantajista y prejuiciada contra gran parte de la población.
Peor, se trata de una forma de evitar dar cuenta del descalabro y de explicitar -en año eleccionario- propuestas para atender los problemas de raíz: la desigualdad y la criminalidad, la violencia entendida ampliamente, la desigualdad en el acceso y calidad de la educación, el desempleo, un sistema de justicia criminal pésimo bajo la premisa fallida de “mano dura”, la corrupción de los políticos y de la Policía, y el egoísmo burdo de individuos y familias que se benefician a costa de la miseria y bancarrota del país.
Luego de décadas con la misma receta ante el alza en la criminalidad y el tráfico de drogas, seguimos con el mismo tratamiento fallido, vivimos un deterioro vertiginoso en nuestra calidad de vida y aumenta la criminalización y discriminación de los mismos sectores sociales. Se echan a pérdida generaciones de jóvenes que cuentan con pocas opciones de vida, mientras se le da un tratamiento privilegiado a quienes tienen suficiente poder.
En ciudades con altísimos niveles de violencia en el pasado, como en Medellín, han atendido exitosamente el tema mediante políticas innovadoras reconocidas internacionalmente: participación ciudadana, políticas educativas incisivas, presupuestos participativos, entre otras. En eventos traumáticos como el año pasado en Noruega, el primer ministro reaccionó al asesinato de 77 jóvenes afirmando que ante esa atrocidad la respuesta sería aún más democracia y mayor participación, no menos derechos o estados de excepción. Hay ejemplos que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas.
El diseño constitucional debe atender la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado, debe ser un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que todos podemos ser víctimas de la violencia estatal. Es en la crisis cuando más celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos antes de renunciarlos. En el colapso, sólo nos queda el derecho a tener derechos. Un gobierno fallido es precisamente ese del cual deberíamos protegernos y tener la más aguda sospecha.
A los políticos, devolvámosle su pregunta. A la pregunta de si le daremos a un gobierno en ruinas -o a un partido opositor igualmente fracasado y falto de propuestas- otra carta en blanco que incide sobre nuestra libertad y presunción de inocencia, respondamos “no”. Que no nos subestimen, que contesten ellos las pregunta.
Éste es el caso del referéndum que propone socavar nuestro derecho a la fianza. Los candidatos principales, faltos de ideas, llanos en sus propuestas, fracasados en sus quehaceres, nos piden sin más que aceptemos renunciar a un derecho que tiene en sus entrañas el “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. La pregunta será: ¿favorece la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la fianza? Habría que preguntarse si es esa la pregunta que necesitamos contestar y cuáles otras quedan opacadas.
A esta altura podemos afirmar que el derecho a la fianza no tiene implicaciones sobre los niveles de criminalidad y violencia que vivimos. Entonces, ¿por qué los candidatos a la gobernación que apoyan esa enmienda concentran ahí el problema? ¿Por qué nos piden que renunciemos a la garantía de que no se nos encarcele antes del juicio sin derecho a la fianza? Y esto precisamente en un estado de corrupción en la fuerza policial, sin unidades de investigación eficaces ni confiables y sin propuestas serias sobre cómo atajar la violencia y el narcotráfico que nos acecha. Se trata pues de una pregunta falaz, chantajista y prejuiciada contra gran parte de la población.
Peor, se trata de una forma de evitar dar cuenta del descalabro y de explicitar -en año eleccionario- propuestas para atender los problemas de raíz: la desigualdad y la criminalidad, la violencia entendida ampliamente, la desigualdad en el acceso y calidad de la educación, el desempleo, un sistema de justicia criminal pésimo bajo la premisa fallida de “mano dura”, la corrupción de los políticos y de la Policía, y el egoísmo burdo de individuos y familias que se benefician a costa de la miseria y bancarrota del país.
Luego de décadas con la misma receta ante el alza en la criminalidad y el tráfico de drogas, seguimos con el mismo tratamiento fallido, vivimos un deterioro vertiginoso en nuestra calidad de vida y aumenta la criminalización y discriminación de los mismos sectores sociales. Se echan a pérdida generaciones de jóvenes que cuentan con pocas opciones de vida, mientras se le da un tratamiento privilegiado a quienes tienen suficiente poder.
En ciudades con altísimos niveles de violencia en el pasado, como en Medellín, han atendido exitosamente el tema mediante políticas innovadoras reconocidas internacionalmente: participación ciudadana, políticas educativas incisivas, presupuestos participativos, entre otras. En eventos traumáticos como el año pasado en Noruega, el primer ministro reaccionó al asesinato de 77 jóvenes afirmando que ante esa atrocidad la respuesta sería aún más democracia y mayor participación, no menos derechos o estados de excepción. Hay ejemplos que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas.
El diseño constitucional debe atender la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado, debe ser un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que todos podemos ser víctimas de la violencia estatal. Es en la crisis cuando más celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos antes de renunciarlos. En el colapso, sólo nos queda el derecho a tener derechos. Un gobierno fallido es precisamente ese del cual deberíamos protegernos y tener la más aguda sospecha.
A los políticos, devolvámosle su pregunta. A la pregunta de si le daremos a un gobierno en ruinas -o a un partido opositor igualmente fracasado y falto de propuestas- otra carta en blanco que incide sobre nuestra libertad y presunción de inocencia, respondamos “no”. Que no nos subestimen, que contesten ellos las pregunta.
Publicada originalmente en El Nuevo Día.
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