Una procuraduría paralizada

Varias entidades opinan que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no cumple su propósito


(Thinkstock)Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com

Hace cuatro meses, Lucila (nombre ficticio), víctima de violencia doméstica, recibió el refuerzo legal que tanto necesitaba para enfrentar el proceso judicial que inició hace tres años, cuando se divorció de su esposo y comenzó a descubrir el patrón de maltrato bajo el que vivió por años.

Fue la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) la entidad que la orientó y la puso en contacto con la intercesora legal que, tras ayudarla a aceptar el patrón de maltrato, la asesora en los casos judiciales que lleva por violencia doméstica y relaciones paterno-filiales por su hija de 5 años.

Y es que desde su creación en el 2001 y bajo la incumbencia de la primera mujer gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, la OPM ha sido portaestandarte de las campañas de orientación y prevención de la violencia doméstica en la Isla.

Una labor establecida por ley que, junto a la fiscalización de la implantación de la política pública a favor de la equidad para la mujer y la erradicación del discrimen por género, parece estar en pausa desde que la administración del gobernador Luis Fortuño asumió el poder en el 2009, según varias líderes de movimientos a favor de la mujer.

Esa percepción podría deberse, en gran parte, a la falta de una procuradora en propiedad desde principios de cuatrienio. Desde el 2009, varias mujeres han sido nominadas para la procuraduría y han permanecido al frente de la dependencia por cortos periodos de tiempo. La procuradora actual, Wanda Vázquez, lleva solo seis meses en el puesto.

“A partir del 2008, tengo que admitir que hemos tenido que estar defendiendo estos derechos adelantados porque han estado en riesgo de perderse. No hemos podido avanzar en estos últimos dos años porque hemos tenido que estar defendiendo lo que se ha logrado”, expresó Amarilis Pagán Jiménez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM).

La vicepresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, fue más allá al expresar que los grupos de mujeres luchan por “no volver a la década de 1970”. “Pienso en lo mucho que se luchó en los 1970 para que las mujeres tuvieran los mismos derechos, por ejemplo en temas de abuso sexual, donde se está poniendo en entredicho la veracidad de lo que dicen las mujeres solo porque se está hablando de la vida sexual. Tenemos una ausencia de una procuradora que diga ‘basta de estar vilipendiando los derechos de las mujeres’ ”, puntualizó.

Según Pagán Jiménez, la visión del gobierno actual promueve una percepción tradicional de la familia y la mujer, y que se debe estar casada y ser heterosexual para recibir las protecciones de la ley.

A esto se suma, de acuerdo con Pagán Jiménez, el poco presupuesto de la OPM ($6,779,000 para el presente año fiscal) y la reducción de su personal a raíz de la implantación de la Ley 7 de Emergencia y Estabilización Fiscal. Según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los 57 empleados que la OPM tenía en el 2010 se redujeron a 36 en el 2011.

“Nos encontramos con una oficina pequeña dentro de la estructura gubernamental y que tiene por ley unas funciones que son amplísimas y que tienen que ver con la fiscalización de lo que hace el propio gobierno en cuanto a las mujeres”, explicó la también directora del Proyecto Matria.

Por su parte, Rivera Lassén indicó que prueba de la visión limitada de la actual administración en los temas relacionados a la mujer fue la invalidación por parte del ahora exsecretario de Educación, Carlos Chardón, de una ley aprobada durante la pasada administración para incorporar en el sistema público un currículo con perspectiva de género.

“Ese currículo daba guías a los maestros y maestras de cómo incorporar los temas relacionados a la equidad de género. Si hay un principio constitucional de no discrimen por razón de sexo, y se crea la oficina, y hay una ley para promover en Educación la igualdad de hombres y mujeres, qué mejor que darles el entrenamiento a los educadores para que eso realmente se cumpliera”, agregó la letrada.

Según Rivera Lassén, el currículo se eliminó debido a las presiones de grupos que impulsaban que el tema se atendiera desde la perspectiva de los valores religiosos.

“Con ese currículo se buscaba una mentalidad de apertura y de respeto, incluso a las distintas mentalidades religiosas pues estamos en un país con separación de Iglesia y Estado. Lo que buscábamos era enseñar a los niños a pensar libremente y con respeto. La gente tiene que aprender que vivimos en una sociedad diversa y todas las familias deben respetarse”, manifestó.

En medio de la espiral de violencia, intolerancia y crisis económica que afecta la Isla, Pagán Jiménez entiende que para atajar la violencia doméstica o de género es necesario una reflexión a nivel individual y comunitario para superar la visión tradicional del rol de la mujer, con acciones que pueden empezar con algo tan sencillo como rechazar los chistes machistas.

“Son muchas las cosas que se pueden hacer si está consciente de que la mujer que se tiene al lado es un ser pensante, inteligente, sensible, que tiene derecho a opinar, a tomar decisiones, a ser respetada, y que esas niñas que estamos viendo crecer, si se les da la oportunidad de estudiar y desarrollarse, serán mujeres fuertes, menos vulnerables a la violencia”, manifestó la licenciada.