2 de junio de 2012
Otra historia de terror
VERÓNICA RIVERA TORRES
En los últimos años, los colectivos y las personas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, especialmente, por su derecho a vivir una vida libre de violencias y abusos, hemos levantado la voz de alerta, entre otras cosas, ante el desmantelamiento económico e ideológico de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; los peligros de la campaña “Promesa de hombre” y cómo, desde prácticas estatales, se legitiman comportamientos de corte religioso fundamentalista que nos vulneran a todas las mujeres, especialmente a las más pobres.
Nuestros reclamos han caído en oídos sordos y las historias de terror se siguen acumulando. La última historia de espanto nos vino con el titular que informaba que una mujer había abortado a su bebé en el Tribunal de San Juan luego de que se le “obligara” a asistir a una vista.
Impactar positivamente la vida de mujeres en relaciones de violencia requiere paciencia, solidaridad, comprensión, amor y, sobre todo, respeto por sus decisiones. Nadie ha dicho que es fácil. Las defensoras sufrimos, también, cuando vemos que algunas mujeres desisten de los procesos contra sus agresores.
Sin embargo, reiteradamente, hemos manifestado nuestra férrea oposición a que las mujeres víctimas de violencia doméstica sean obligadas a testificar en contra de sus agresores.
Obligarlas a testificar no es la manera de lidiar con la triste realidad de que muchas mujeres no continúen con los procesos judiciales en contra de sus parejas maltratantes.
Si bien es cierto que los jueces tienen la obligación de velar por que ninguna persona abandone un proceso judicial bajo coerción o amenaza, la realidad es que lo único que se consigue cuando se obliga a una mujer a testificar en contra de lo que manifiesta ser su voluntad es revictimizarla, una y otra vez.
Nuestros reclamos siempre han sido los mismos. Para que las víctimas de violencia doméstica asuman los procesos judiciales contra sus agresores con valentía y entereza, hace falta que invierta dinero en tener más intercesoras legales en las salas del país que acompañen a las mujeres en procesos que son extremadamente difíciles. Hace falta que más jueces y demás personas que son parte del sistema judicial de Puerto Rico trabajen con conocimiento de las complejidades del síndrome de la mujer maltratada y también hace falta que más abogados nos comprometamos a trabajar, desde la sensibilidad, los casos de violencia doméstica, independientemente de quién sea nuestro cliente o de si representamos al Estado.
Las historias de terror que ganan titulares muchas veces se pierden en un intercambio de imputaciones de culpas entre las personas involucradas.
Eso no resolverá los problemas de la mujer que acaba de perder su embarazo ni los problemas de la mujer agredida sexualmente con un palo de escoba en un edificio abandonado en San Juan, ni los problemas de la jovencita que perdió sus dos piernas cuando fue arrollada por su pareja.
Lo que las circunstancias demandan es que las instituciones y las personas con poder para cambiarlas encaren la situación de alarmante violencia contra las mujeres como una emergencia que requiere cambios radicales en el statu quo y no quedarse en simples estrategias superfluas que inviten a los hombres a ser más hombres o a dejar de ver el boxeo.
Nuestros reclamos han caído en oídos sordos y las historias de terror se siguen acumulando. La última historia de espanto nos vino con el titular que informaba que una mujer había abortado a su bebé en el Tribunal de San Juan luego de que se le “obligara” a asistir a una vista.
Impactar positivamente la vida de mujeres en relaciones de violencia requiere paciencia, solidaridad, comprensión, amor y, sobre todo, respeto por sus decisiones. Nadie ha dicho que es fácil. Las defensoras sufrimos, también, cuando vemos que algunas mujeres desisten de los procesos contra sus agresores.
Sin embargo, reiteradamente, hemos manifestado nuestra férrea oposición a que las mujeres víctimas de violencia doméstica sean obligadas a testificar en contra de sus agresores.
Obligarlas a testificar no es la manera de lidiar con la triste realidad de que muchas mujeres no continúen con los procesos judiciales en contra de sus parejas maltratantes.
Si bien es cierto que los jueces tienen la obligación de velar por que ninguna persona abandone un proceso judicial bajo coerción o amenaza, la realidad es que lo único que se consigue cuando se obliga a una mujer a testificar en contra de lo que manifiesta ser su voluntad es revictimizarla, una y otra vez.
Nuestros reclamos siempre han sido los mismos. Para que las víctimas de violencia doméstica asuman los procesos judiciales contra sus agresores con valentía y entereza, hace falta que invierta dinero en tener más intercesoras legales en las salas del país que acompañen a las mujeres en procesos que son extremadamente difíciles. Hace falta que más jueces y demás personas que son parte del sistema judicial de Puerto Rico trabajen con conocimiento de las complejidades del síndrome de la mujer maltratada y también hace falta que más abogados nos comprometamos a trabajar, desde la sensibilidad, los casos de violencia doméstica, independientemente de quién sea nuestro cliente o de si representamos al Estado.
Las historias de terror que ganan titulares muchas veces se pierden en un intercambio de imputaciones de culpas entre las personas involucradas.
Eso no resolverá los problemas de la mujer que acaba de perder su embarazo ni los problemas de la mujer agredida sexualmente con un palo de escoba en un edificio abandonado en San Juan, ni los problemas de la jovencita que perdió sus dos piernas cuando fue arrollada por su pareja.
Lo que las circunstancias demandan es que las instituciones y las personas con poder para cambiarlas encaren la situación de alarmante violencia contra las mujeres como una emergencia que requiere cambios radicales en el statu quo y no quedarse en simples estrategias superfluas que inviten a los hombres a ser más hombres o a dejar de ver el boxeo.
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