DERECHOS CON FUERZA DE LEY

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad histórica para mover al País un paso más hacia la justicia y la equidad que caracterizan a las sociedades democráticas, con tres proyectos de ley que buscan poner fin al trato de ciudadanos de segunda categoría que aún recibe aquí miles de personas por razón de su orientación sexual o identidad de género.

Dos de estas medidas –el proyecto del Senado 238, que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, la vivienda y otras instancias públicas y privadas, radicado el 15 de enero; y el 488 de la Cámara, que añadiría la orientación sexual, la identidad de género y el estado marital en las salvaguardas de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, radicado el 10 de enero– ya pasaron el crisol de las vistas públicas y esperan por ser sometidas a votación del pleno en el Senado y en la Cámara, respectivamente.

El tercer proyecto, el 437 del Senado, que procura eliminar cualquier disposición de género como obstáculo para la adopción, comenzará a ser evaluado en vistas públicas a partir de este jueves 16 de mayo.

La necesaria aprobación de estas medidas vendría a cubrir una deficiencia jurídica del Estado que mantiene desprotegidas a miles de personas por razones que en nada deben incumbirle al Estado, excepto en lo que respecta a garantizar sus derechos.

Como ha advertido el senador Ramón Luis Nieves, autor del proyecto 238, todavía hoy no existen protecciones legales contra gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros si son despedidos por razón de su orientación sexual e identidad de género, si son sometidos a condiciones de violencia por parte de sus parejas o si, sencillamente, desean como el resto de las personas, alcanzar su anhelo de convertirse en madres o en padres. Estas instancias de desigualdad reflejan un marco legal ajeno a nuestra realidad social e inaguantable para cualquier sociedad civilizada e inclusiva.

Los derechos civiles, como los derechos humanos, tienen que cobijar a todos los ciudadanos por igual. No pueden estar condicionados a ideologías, ni a credos ni a ninguna otra consideración que no sea la del respeto absoluto. Las consideraciones que en estos procesos cruciales de la democracia deben prevalecer son las que garanticen instancias que propendan y permitan el desarrollo pleno de cada ser humano.

Esa es la única consideración que tienen que sopesar los representantes y senadores a la hora de facilitar el trámite legislativo que viabilice que dichas medidas se conviertan en ley. Deben quedar fuera del proceso decisional los gustos personales y el cálculo electorero que con tanta frecuencia conspiran contra las causas justas.

Por otro lado, tendrán que recordar que estas medidas son coherentes también con estatutos federales creados para abrir vías de mayor justicia social a los ciudadanos estadounidenses, como es la orden emitida por el presidente Barack Obama que prohíbe el discrimen por orientación sexual u origen nacional en las organizaciones que reciben fondos federales.

Resulta demasiado fácil prometer y proyectarse como paladines de la justicia social y propulsores del progreso y bienestar de nuestra sociedad, como hacen a diario tantos políticos. Lo que el País necesita, sin embargo, es que se prescinda de la retórica y se tomen de una vez las acciones concretas, necesarias y correctas.

Eso apenas requiere palabras, pero sí mucha valentía.

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