Esta columna la escribí para un suplemento especial sobre la Ley 54 para CLARIDAD (15 de agosto de 2011) . Como ya no se puede leer la columna sin que la lectora o el lector esté registrado en la página del semanario, la subo por primera vez aquí. Estoy repasando mis escritos durante estos últimos años tan trágicos, a distintos niveles, para las mujeres del país. Pero aquí estamos, si algunos se tienen que quitar, que sean los machistas.
Cuando ellas llaman…
por Lcda.
Verónica Rivera Torres
“Papi quiere matar a mami”, leía el mensaje de texto. Lo miré una y otra
vez para verificar que había leído bien.
Pocos minutos antes, una mujer me había llamado desde el mismo número de
teléfono para pedirme ayuda pues su esposo había intentado ahorcarla y ella, en
defensa propia, le había dado un golpe con una herramienta que guardaba junto a
su cama, precisamente para protegerse de él. La mujer me comunicó su temor no
sólo de que su agresor volviera sino de que él presentara cargos en su contra. Luego
de estabilizar la emergencia y procurarle representación legal, confirmé que
quien me había escrito había sido la hija menor de la pareja.
En
otra ocasión, una emisora radial se comunicó conmigo para que reaccionara
públicamente al caso de una mujer desesperada porque en el Centro Judicial de
Fajardo le habían negado una orden de protección y ella estaba segura de que su
ex pareja iba a matarla. Cuando me
comuniqué privadamente con ella, me dijo una y otra vez: “En el Tribunal están
esperando que me maten para ayudarme”. Como la actual Procuradora de las
Mujeres se comprometió públicamente a ayudarla, alenté a la mujer a que
regresara al Tribunal para solicitar su orden de protección. Estando allí, la
mujer volvió a llamarme, ahogada en llanto, porque una fiscal se había limitado a decirle que no podía hacer
algo por ella y no le brindó la más mínima información sobre cómo podría
obtener su orden. Gracias a que localizamos a una intercesora legal, la mujer logró
continuar el proceso.
Lo de arriba son sólo dos
ejemplos reales de las comunicaciones que, como Presidenta de la Comisión de la
Mujer del Colegio de Abogados, he atendido en estos últimos diez meses. Las
llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos provienen no sólo de víctimas
de violencia doméstica sino de sus amistades y familiares, quienes a veces
esperan que una logre lo que ellos no han logrado: que su ser querido rompa con
el ciclo de la violencia doméstica.
También he
recibido acercamientos de personas interesadas y comprometidas con el tema,
para manifestarme su seria preocupación con la manera en que los tribunales y
la clase abogada n los asuntos de género en Puerto Rico. La frustración es inmensa.
Sabemos
que la Oficina de Administración de los Tribunales, a lo largo de los años, ha
ideado programas para atender de manera especial los casos judiciales de
violencia doméstica. También han dado adiestramientos sobre el tema a sus
jueces y juezas. No obstante, cada cierto tiempo nos espantamos al leer en la
Prensa cómo tribunales toman decisiones muy problemáticas desde la perspectiva
de género, en las cuales las mujeres nos llevamos la peor parte. Un rol
protagónico tiene la sentencia de nuestro Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Flores Flores, en el cual se
confirmó (por el tribunal estar dividido 3-3) la decisión del Tribunal de
Apelaciones de que la Ley 54 no aplicaba a mujeres agredidas por su pareja en
relaciones de adulterio.
El
mismo día en que se hizo pública dicha sentencia del Tribunal Supremo, un nutrido grupo de compañeras nos dimos cita
a las afueras del Tribunal Supremo para denunciar que, aunque la decisión era
una sentencia que no creaba precedente, sí marcaba un peligroso escenario para
las mujeres de nuestro país, pues no sólo reproducía el esquema equivocado del
caso Pueblo v. Ruíz, 159 D.P.R. 194
(2004) con el que se excluyó a parejas del mismo sexo de la protección de la
Ley 54, sino que creaba categorías entre nosotras sobre bases religiosas no
amparadas por la ley ni por la intención de quienes la crearon. Así las cosas, ¿cómo puede verdaderamente sorprendernos
que una jueza de primera instancia halle culpable de asesinato atenuado a un hombre que confesó asesinar a su esposa,
por ella haber comenzado una nueva relación amorosa sin haberse divorciado de
él? ¿Cómo puede sorprendernos que
colegas utilicen los medios de
comunicación para explotar al máximo los prejuicios y estereotipos en torno a
las víctimas de violencia doméstica con el propósito obvio de contaminar al
jurado que luego habría de absolver a su cliente? No hay sorpresa, no, pero sí
debe haber una reacción de nuestra parte.
Siempre hemos sabido que las leyes
son tan buenas como quienes tienen la obligación de ejecutarlas o hacerlas
valer. Históricamente, hemos confrontado problemas con el machismo
institucionalizado de la Policía de Puerto Rico que se manifiesta en el trato
que muchas veces dan a las mujeres
agredidas y en el hecho de que todos los años son múltiples los incidentes de
violencia doméstica que involucran a miembros de la Policía. El año pasado, por
ejemplo, fueron varias las mujeres asesinadas a manos de un agente del orden
público. Ante ese cuadro el nuevo Superintendente de la Policía se atrevió a
decir que era poco o nada lo que la Policía podía hacer para evitar los
asesinatos de violencia doméstica por responder a un “mal social”. El inmovilismo también hizo presa a la Oficina
de la Procuradora de las Mujeres bajo el mando de la ex jueza Ivonne Feliciano,
y la actual Procuradora, con más conocimiento que su predecesora sobre temas de
género, peca muchas de veces anteponer
la política partidista del actual gobierno (sea cual sea) antes del bienestar
de nuestras mujeres. Un buen ejemplo de esto es el apoyo de la Procuradora al
programa “Promesa de Hombre”, la superficial apuesta gubernamental para atajar
la violencia doméstica, a pesar de que las organizaciones pro mujeres y personas solidarias le hemos manifestado
personalmente nuestros fundamentos para oponernos a ella. Y algunos de nuestros
jueces y juezas, han logrado ignorar el texto claro de las leyes sólo porque
las mismas les resultan cuestionables desde un punto de vista pseudomoral.
Si algo he aprendido durante estos diez meses como Presidenta de la
Comisión de la Mujer del CAPR es que si
bien es cierto que la Ley 54 es una gran herramienta para proteger a nuestras
mujeres, no es suficiente. En vista de la crisis de nuestras instituciones, es más
necesario que nunca el trabajo de base, comunitario y de tú a tú para erradicar
la violencia. De alguna manera tenemos
que incidir directamente en las personas,
y no sólo a través del Estado. Tenemos que salir a la calle.
Hay
que recurrir a nuestras comunidades, contar con ellas, escucharlas y de ahí idear
estrategias eficaces para lidiar con la violencia contra nosotras. En un plano
personal, hay que practicar la empatía,
combatir estereotipos y educar a quien tengamos a nuestro lado desde una
perspectiva de género. Sólo así lograremos que Puerto Rico sea un país en dónde
la violencia física, emocional e institucional contra las mujeres no sea
portada de todos los días.
