Acabo de ver esta pauta en la tv argentina:
Busqué información en su página web:http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/index.html
Iguales de impactantes son estas dos pautas:
lunes, 26 de octubre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
Seguimos>> Violadores con doble vida
[Admito que me alarma la caracterización de "Violadores" que Primera Hora realiza de dos personas a la que el sistema todavía no ha logrado procesar. Sin embargo, el testimonio de este señor, alegadamente, "suegro y abuelo" de los sospechosos aclara en gran medida el panorama. El cerco se cierra en torno a los individuos que tanto daño han realizado. Si es ayuda psicológica lo que necesitan pues que se les brinde. Los problemas sociales no se resuelve en las cárceles, al contrario, muchas veces se empeoran. Pero el Estado le debe a estas mujeres y a las muchas otras que vivimos en este país las mínimas garantías sociales para vivir en PAZ.]
Violadores con doble vida
jueves, 22 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll y Farasch López Reyloz / Primera Hora
Un abuelo que quiere ayuda para su yerno y su nieto... Ambos aparentan llevar una doble vida. Su yerno, de 32 años, y el hijo de éste, de apenas 15, son dos de los tres hombres detenidos en la madrugada del sábado por agentes del precinto Carolina Sur y son sospechosos de una serie de escalamientos, robos, actos lascivos y violaciones ocurridos en walk ups de las zonas policiacas de San Juan, Carolina y Bayamón.
El menor fue detenido mientras intentaba, junto con otro de 17 años, entrar a un penthouse en el complejo Balcones de Monte Real, en el área de Los Colobos en Carolina. El padre del menor de 15 y que se cree que es “el gordo” descrito por las víctimas fue detenido el sábado en la mañana cuando acudió a la comandancia de Carolina a llevarle desayuno a su hijo -“el flaco”- y a buscar el vehículo Toyota Tercel rojo del 92 que se ocupó vinculado a los hechos la noche anterior. En la madrugada se les había escapado a los agentes.
Pero, para don Pedro Sánchez, de 60 años y vecino de Cupey Bajo, la historia le resulta dolorosa y confusa. Él cree en las leyes, pero su amor por su nieto le lleva a pedir que se les ofrezca ayuda.
“Mi yerno tiene cierto problema de aprendizaje, algo mental. No sabe ni leer ni escribir. Se hizo hombre solo. Lleva con mi hija 17 años de relación, pero son pobres. Trabaja en piscinas, es tranquilo, no habla mucho, humilde y buen padre”, dijo Sánchez, quien ayer llamó a la redacción de Primera Hora para contar su historia. Los nombres y descripciones que ofreció coinciden con datos confirmados con la Policía.
Sánchez dice que su nieto, de 15 años, va a la escuela, pero pertenece a un grupo especial que recibe terapias del habla. “A él no le gustan los estudios, lo que le gusta son los juegos electrónicos, pero hay que ponerlo a compartir con otros jóvenes”, dijo. Preocupado, contó a este diario que el comportamiento de su nieto a veces resulta errático, duerme a horas irregulares.
“Yo lo que quiero para mi yerno y para mi nieto es ayuda psicológica. Estoy consciente de que lo que ellos están haciendo está mal”, dijo el hombre, que cuando se le preguntó dónde vive su yerno con su hija dijo que ya no sabe con exactitud porque se han mudado muchas veces. Sin embargo, confirmó que él llevó a su yerno a la comandancia el sábado pasado.
El poco grado de escolaridad de estos dos sospechosos coincide con los testimonios de víctimas que han contactado a este diario.
“La persona que me tocó era joven, yo diría que es hasta un menor, es un adolescente y temblaba más que yo. La persona tenía una voz muy particular, un acento. No hablaba claro, tenía problemas al hablar”, narró una de las víctimas que sufrió actos lascivos.
Los dos menores y el yerno de don Pedro están libres luego que el sábado el juez superior del Tribunal de Río Grande Wilfredo Viera no encontrara causa por las faltas que se les sometieron, a pesar de que iban armados hasta los dientes. Al gordo se le dejó libre el sábado porque un policía no lo pudo identificar como la persona a la que persiguió en la madrugada en Monte Real.
El abogado de padre e hijo, Michael Corona, dijo ayer a este diario que a sus representados se les está vinculando sin fundamento a los escalamientos de los walk ups y que, aunque los encontraron en Monte Real con dos armas y las mochilas que tenían cuchillos, municiones, herramientas, guantes y linternas, no estaban cometiendo ningún delito.
“A mi representado lo sometieron a un lineup y le quitaron las prendas y las fotos de su hijo menor de edad, que estaba en otra celda cuando él llegó a la comandancia para llevarle desayuno al menor. Este caso no tiene que ver nada con los demás casos de delitos sexuales. Esta detención se llevó a cabo sin ni siquiera haber un escalamiento. La información que ha salido ha sido injusta para mi representado y hasta para el juez que encontró no causa”, dijo Corona.
El abogado dijo que su cliente, aun cuando es de escasos recursos, le hará el pago correspondiente y le fue referido por un previo representado al que logró que absolvieran en el foro judicial federal.
De otra parte, Eduardo Ayala, abogado del otro menor intervenido, de 17 años y vecino del residencial Nemesio Canales, dijo que fue la madre del muchacho la que lo contactó en la mañana del sábado para que lo representara.
“Cuando llegué, al menor lo habían interrogado los policías y yo le dije que no hablara más. Su mamá me dijo que él está en la escuela pero que tiene un grado de retraso cognoscitivo, por lo que lo iban a mandar a los Job Corps”, dijo el licenciado Ayala.
Fuentes de este diario aseguraron que antes de que llegara Ayala, el menor de 17 años estaba cooperando con los agentes que investigan los incidentes ocurridos en los complejos de Parque Escorial en Carolina; Ciudadela, en Guaynabo; y Vistas del Río, en Trujillo Alto.
Violadores con doble vida
jueves, 22 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll y Farasch López Reyloz / Primera Hora
Un abuelo que quiere ayuda para su yerno y su nieto... Ambos aparentan llevar una doble vida. Su yerno, de 32 años, y el hijo de éste, de apenas 15, son dos de los tres hombres detenidos en la madrugada del sábado por agentes del precinto Carolina Sur y son sospechosos de una serie de escalamientos, robos, actos lascivos y violaciones ocurridos en walk ups de las zonas policiacas de San Juan, Carolina y Bayamón.
El menor fue detenido mientras intentaba, junto con otro de 17 años, entrar a un penthouse en el complejo Balcones de Monte Real, en el área de Los Colobos en Carolina. El padre del menor de 15 y que se cree que es “el gordo” descrito por las víctimas fue detenido el sábado en la mañana cuando acudió a la comandancia de Carolina a llevarle desayuno a su hijo -“el flaco”- y a buscar el vehículo Toyota Tercel rojo del 92 que se ocupó vinculado a los hechos la noche anterior. En la madrugada se les había escapado a los agentes.
Pero, para don Pedro Sánchez, de 60 años y vecino de Cupey Bajo, la historia le resulta dolorosa y confusa. Él cree en las leyes, pero su amor por su nieto le lleva a pedir que se les ofrezca ayuda.
“Mi yerno tiene cierto problema de aprendizaje, algo mental. No sabe ni leer ni escribir. Se hizo hombre solo. Lleva con mi hija 17 años de relación, pero son pobres. Trabaja en piscinas, es tranquilo, no habla mucho, humilde y buen padre”, dijo Sánchez, quien ayer llamó a la redacción de Primera Hora para contar su historia. Los nombres y descripciones que ofreció coinciden con datos confirmados con la Policía.
Sánchez dice que su nieto, de 15 años, va a la escuela, pero pertenece a un grupo especial que recibe terapias del habla. “A él no le gustan los estudios, lo que le gusta son los juegos electrónicos, pero hay que ponerlo a compartir con otros jóvenes”, dijo. Preocupado, contó a este diario que el comportamiento de su nieto a veces resulta errático, duerme a horas irregulares.
“Yo lo que quiero para mi yerno y para mi nieto es ayuda psicológica. Estoy consciente de que lo que ellos están haciendo está mal”, dijo el hombre, que cuando se le preguntó dónde vive su yerno con su hija dijo que ya no sabe con exactitud porque se han mudado muchas veces. Sin embargo, confirmó que él llevó a su yerno a la comandancia el sábado pasado.
El poco grado de escolaridad de estos dos sospechosos coincide con los testimonios de víctimas que han contactado a este diario.
“La persona que me tocó era joven, yo diría que es hasta un menor, es un adolescente y temblaba más que yo. La persona tenía una voz muy particular, un acento. No hablaba claro, tenía problemas al hablar”, narró una de las víctimas que sufrió actos lascivos.
Los dos menores y el yerno de don Pedro están libres luego que el sábado el juez superior del Tribunal de Río Grande Wilfredo Viera no encontrara causa por las faltas que se les sometieron, a pesar de que iban armados hasta los dientes. Al gordo se le dejó libre el sábado porque un policía no lo pudo identificar como la persona a la que persiguió en la madrugada en Monte Real.
El abogado de padre e hijo, Michael Corona, dijo ayer a este diario que a sus representados se les está vinculando sin fundamento a los escalamientos de los walk ups y que, aunque los encontraron en Monte Real con dos armas y las mochilas que tenían cuchillos, municiones, herramientas, guantes y linternas, no estaban cometiendo ningún delito.
“A mi representado lo sometieron a un lineup y le quitaron las prendas y las fotos de su hijo menor de edad, que estaba en otra celda cuando él llegó a la comandancia para llevarle desayuno al menor. Este caso no tiene que ver nada con los demás casos de delitos sexuales. Esta detención se llevó a cabo sin ni siquiera haber un escalamiento. La información que ha salido ha sido injusta para mi representado y hasta para el juez que encontró no causa”, dijo Corona.
El abogado dijo que su cliente, aun cuando es de escasos recursos, le hará el pago correspondiente y le fue referido por un previo representado al que logró que absolvieran en el foro judicial federal.
De otra parte, Eduardo Ayala, abogado del otro menor intervenido, de 17 años y vecino del residencial Nemesio Canales, dijo que fue la madre del muchacho la que lo contactó en la mañana del sábado para que lo representara.
“Cuando llegué, al menor lo habían interrogado los policías y yo le dije que no hablara más. Su mamá me dijo que él está en la escuela pero que tiene un grado de retraso cognoscitivo, por lo que lo iban a mandar a los Job Corps”, dijo el licenciado Ayala.
Fuentes de este diario aseguraron que antes de que llegara Ayala, el menor de 17 años estaba cooperando con los agentes que investigan los incidentes ocurridos en los complejos de Parque Escorial en Carolina; Ciudadela, en Guaynabo; y Vistas del Río, en Trujillo Alto.
miércoles, 21 de octubre de 2009
¡Indignación! ¡Exigimos Justicia para las mujeres de este país!
¿Por qué estos policías no llevaron a las mujeres violadas a la rueda de confrontación (como es su deseo hace meses) para que tuvieran la oportunidad de identificar al abusador que las violó?
Desde aquí le decimos a la Policía de PR que los casos se ganan en las cortes NO en la prensa... se deben ganar en los tribunales.
Cuando violan a una mujer ¡NOS VIOLAN A TODAS!
Los violadores estaban blindados
miércoles, 21 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Blindaos y expertos los sospechosos de ser el trío vinculado a escalamientos y violaciones en el área metropolitana... pero aun así andan libres.
El trío compuesto por dos menores y el padre de uno de éstos fue detenido por las autoridades el sábado en el walk-up Monte Real, en el área de Los Colobos en Carolina. Los sujetos conocen muy bien lo que hacen y están armados hasta los dientes. Ese expertise es impresionante cuando se toma en cuenta que los dos menores apenas tienen 15 y 17 años, según dijo ayer a Primera Hora el capitán William Sierra, quien habló junto al sargento David Meléndez y el agente Erick Batista, del precinto Carolina Sur. Éstos participaron de la detención que fue a eso de las 2:00 de la madrugada del sábado, cuando el trío llegó hasta la azotea del quinto piso del walk- up e intentó abrir una puerta que conduce a unas escaleras, y éstas a una puerta que lleva al interior del apartamento penthouse.
“Los muchachos llegaron a tiempo y lograron dar con los menores de apenas 15 y 17 años cuando intentaban entrar a la propiedad. Estaban vestidos de negro y tenían máscaras. Les dieron el alto y uno de ellos se puso a llorar. La lista de las cosas que llevaban consigo es impresionante, de película”, dijo el capitán.
A los menores les ocuparon una pistola Rugger nueve milímetros serie mutilada con 15 municiones y una Beretta nueve milímetros con 15 municiones. También se les ocuparon 10 balas calibre .40 que se entiende corresponden a un arma que llevaba el padre de uno de ellos, el hombre gordo del que han hablado víctimas de actos lascivos y violación a este diario.
Primera Hora supo que este hombre fue obrero en el proyecto Parque Escorial, donde se registraron tres incidentes.
Aunque escapó el sábado de las autoridades, el gordo acudió en la mañana del domingo a la comandancia de Carolina a buscar el auto Toyota rojo de 1992 en el que se transportaron al área cercana al walk-up Monte Real.
“Era el papá de uno de los nenes. Quedó bajo arresto. Sin embargo, en la rueda de confrontación se trajo al agente José Luis Vicente, que lo persiguió la noche antes cuando pudo huir, y éste no lo pudo identificar. Por eso está libre como los menores. Nosotros no entendemos cómo el juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Río Grande, no encontró causa en las faltas de los menores por escalamiento, Ley de Armas, y uso de disfraz. Había evidencia suficiente y el juez no les encontró causa”, dijo el capitán.
Éste subrayó que los menores, vecinos de Nemesio Canales y de Santa Rita, en Bayamón, contaron con la representación de los abogados Michael Corona y Eduardo Ayala. La procuradora de Menores Mónica Pérez Díaz irá en alzada contra ambos.
Una vecina del proyecto Monte Real no puede creer que los posibles violadores de la zona metropolitana fueron liberados.
“Se atrapa a los criminales en el acto en una propiedad privada y (el juez) no encuentra causa. ¿Está esperando otra muerte o violación?”, cuestionó la vecina. Ayer ésta dijo que muchos residentes del lugar se sienten inseguros y temen por su vida.
Farasch Lopez Reyloz colaboró con esta historia.
Desde aquí le decimos a la Policía de PR que los casos se ganan en las cortes NO en la prensa... se deben ganar en los tribunales.
Cuando violan a una mujer ¡NOS VIOLAN A TODAS!
Los violadores estaban blindados
miércoles, 21 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Blindaos y expertos los sospechosos de ser el trío vinculado a escalamientos y violaciones en el área metropolitana... pero aun así andan libres.
El trío compuesto por dos menores y el padre de uno de éstos fue detenido por las autoridades el sábado en el walk-up Monte Real, en el área de Los Colobos en Carolina. Los sujetos conocen muy bien lo que hacen y están armados hasta los dientes. Ese expertise es impresionante cuando se toma en cuenta que los dos menores apenas tienen 15 y 17 años, según dijo ayer a Primera Hora el capitán William Sierra, quien habló junto al sargento David Meléndez y el agente Erick Batista, del precinto Carolina Sur. Éstos participaron de la detención que fue a eso de las 2:00 de la madrugada del sábado, cuando el trío llegó hasta la azotea del quinto piso del walk- up e intentó abrir una puerta que conduce a unas escaleras, y éstas a una puerta que lleva al interior del apartamento penthouse.
“Los muchachos llegaron a tiempo y lograron dar con los menores de apenas 15 y 17 años cuando intentaban entrar a la propiedad. Estaban vestidos de negro y tenían máscaras. Les dieron el alto y uno de ellos se puso a llorar. La lista de las cosas que llevaban consigo es impresionante, de película”, dijo el capitán.
A los menores les ocuparon una pistola Rugger nueve milímetros serie mutilada con 15 municiones y una Beretta nueve milímetros con 15 municiones. También se les ocuparon 10 balas calibre .40 que se entiende corresponden a un arma que llevaba el padre de uno de ellos, el hombre gordo del que han hablado víctimas de actos lascivos y violación a este diario.
Primera Hora supo que este hombre fue obrero en el proyecto Parque Escorial, donde se registraron tres incidentes.
Aunque escapó el sábado de las autoridades, el gordo acudió en la mañana del domingo a la comandancia de Carolina a buscar el auto Toyota rojo de 1992 en el que se transportaron al área cercana al walk-up Monte Real.
“Era el papá de uno de los nenes. Quedó bajo arresto. Sin embargo, en la rueda de confrontación se trajo al agente José Luis Vicente, que lo persiguió la noche antes cuando pudo huir, y éste no lo pudo identificar. Por eso está libre como los menores. Nosotros no entendemos cómo el juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Río Grande, no encontró causa en las faltas de los menores por escalamiento, Ley de Armas, y uso de disfraz. Había evidencia suficiente y el juez no les encontró causa”, dijo el capitán.
Éste subrayó que los menores, vecinos de Nemesio Canales y de Santa Rita, en Bayamón, contaron con la representación de los abogados Michael Corona y Eduardo Ayala. La procuradora de Menores Mónica Pérez Díaz irá en alzada contra ambos.
Una vecina del proyecto Monte Real no puede creer que los posibles violadores de la zona metropolitana fueron liberados.
“Se atrapa a los criminales en el acto en una propiedad privada y (el juez) no encuentra causa. ¿Está esperando otra muerte o violación?”, cuestionó la vecina. Ayer ésta dijo que muchos residentes del lugar se sienten inseguros y temen por su vida.
Farasch Lopez Reyloz colaboró con esta historia.
martes, 20 de octubre de 2009
¡Queremos JUSTICIA para estas mujeres violentadas!
Cerco a trío de violadores
martes, 20 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Tres hombres sospechosos de ser los violadores que aterrorizaron las comunidades tipo walk up de la zona metropolitana fueron detenidos el fin de semana pasado, pero dejados en libertad mientras se recopila evidencia para acusarlos.
Según confirmó a este diario el coronel José Caldero López, director regional de Carolina, el trío fue detenido el sábado a eso de las 3:10 de la mañana en unas escaleras del walk-up Los Colobos, en Carolina.
Lo más escalofriante es que, si en efecto se trata de los violadores, el gordo y el flaco de los bocetos son en realidad padre e hijo. El flaco y el tercer detenido son menores de edad.
Caldero López confirmó la información que tuvo ayer de primera mano este diario. A esa hora, agentes de la Policía, adscritos al precinto de Carolina Sur, realizaban una labor de vigilancia cuando se percataron de la presencia del trío y detuvieron a los dos menores en las escaleras. El padre de unos de los menores intentó huir, pero fue detenido posteriormente.
El trío no logró concretar lo que posiblemente era otro intento del grupo para escalar una propiedad, robar y posiblemente violar a una mujer. Tal como publicó Primera Hora en julio de este año, han sido más de cinco los ataques de madrugada. La racha viene desde mediados de 2008.
Inicialmente se habló de un dúo de criminales que hacen su entrada principalmente por apartamentos de segundo y primer piso con puertas corredizas en el balcón, en los complejos Vistas del Río, en Trujillo Alto; Jardines de Montehiedra, en San Juan; La Ciudadela, en Guaynabo; Brisas de Escorial y Altos de Escorial, en Carolina. Pero en estos eventos participa una tercera persona y quizás dos más. Ayer trascendió que se sumó a la lista otro caso en la urbanización Santa Paula, en Guaynabo.
“A los menores se les ocuparon armas pero el juez no les encontró causa por las faltas. Aun así, el procurador de Menores irá en alzada”, dijo Caldero.
Caldero, ¿hay similitudes con las versiones ofrecidas de casos anteriores?
Llevaban cinta adhesiva, máscaras, una mochila. El padre es gordo y los menores son flacos. Ahora lo que corresponde es que la investigación continúe y se lleven a cabo las pruebas periciales.
Según había trascendido, tras las publicaciones de Primera Hora sobre la racha de violaciones, las regiones policiacas de Bayamón, San Juan y Carolina se estaban reuniendo para compartir información relacionada. Sin embargo, ayer la directora de Delitos Sexuales de Bayamón, la sargento Griselle Rivera, desconocía de este incidente y de dichas detenciones. La directora de Delitos Sexuales de San Juan, la teniente Yazmín Pérez, no estuvo disponible.
Frustración entre las víctimas
Tras confirmar la detención del trío, Primera Hora contactó a varias de las víctimas. A pesar de que han pasado meses desde que el dúo violentó sus vidas, todavía éstas no han sido contactadas por los agentes para hacer alguna rueda de identificación física ni de voz, como en repetidas ocasiones han solicitado.
Uno de los jóvenes detenidos tiene un parecido significativo con el boceto que Primera Hora elaboró con la única de las víctimas que pudo ver la cara de uno de ellos, informó una fuente.
De testimonios de víctimas se desprende que “el flaco” tenía voz juvenil, se mostraba inseguro y recibía órdenes y buscaba aprobación del sujeto grueso para llevar a cabo la agresión sexual. Esta descripción encaja perfectamente con los detenidos.
martes, 20 de octubre de 2009
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Tres hombres sospechosos de ser los violadores que aterrorizaron las comunidades tipo walk up de la zona metropolitana fueron detenidos el fin de semana pasado, pero dejados en libertad mientras se recopila evidencia para acusarlos.
Según confirmó a este diario el coronel José Caldero López, director regional de Carolina, el trío fue detenido el sábado a eso de las 3:10 de la mañana en unas escaleras del walk-up Los Colobos, en Carolina.
Lo más escalofriante es que, si en efecto se trata de los violadores, el gordo y el flaco de los bocetos son en realidad padre e hijo. El flaco y el tercer detenido son menores de edad.
Caldero López confirmó la información que tuvo ayer de primera mano este diario. A esa hora, agentes de la Policía, adscritos al precinto de Carolina Sur, realizaban una labor de vigilancia cuando se percataron de la presencia del trío y detuvieron a los dos menores en las escaleras. El padre de unos de los menores intentó huir, pero fue detenido posteriormente.
El trío no logró concretar lo que posiblemente era otro intento del grupo para escalar una propiedad, robar y posiblemente violar a una mujer. Tal como publicó Primera Hora en julio de este año, han sido más de cinco los ataques de madrugada. La racha viene desde mediados de 2008.
Inicialmente se habló de un dúo de criminales que hacen su entrada principalmente por apartamentos de segundo y primer piso con puertas corredizas en el balcón, en los complejos Vistas del Río, en Trujillo Alto; Jardines de Montehiedra, en San Juan; La Ciudadela, en Guaynabo; Brisas de Escorial y Altos de Escorial, en Carolina. Pero en estos eventos participa una tercera persona y quizás dos más. Ayer trascendió que se sumó a la lista otro caso en la urbanización Santa Paula, en Guaynabo.
“A los menores se les ocuparon armas pero el juez no les encontró causa por las faltas. Aun así, el procurador de Menores irá en alzada”, dijo Caldero.
Caldero, ¿hay similitudes con las versiones ofrecidas de casos anteriores?
Llevaban cinta adhesiva, máscaras, una mochila. El padre es gordo y los menores son flacos. Ahora lo que corresponde es que la investigación continúe y se lleven a cabo las pruebas periciales.
Según había trascendido, tras las publicaciones de Primera Hora sobre la racha de violaciones, las regiones policiacas de Bayamón, San Juan y Carolina se estaban reuniendo para compartir información relacionada. Sin embargo, ayer la directora de Delitos Sexuales de Bayamón, la sargento Griselle Rivera, desconocía de este incidente y de dichas detenciones. La directora de Delitos Sexuales de San Juan, la teniente Yazmín Pérez, no estuvo disponible.
Frustración entre las víctimas
Tras confirmar la detención del trío, Primera Hora contactó a varias de las víctimas. A pesar de que han pasado meses desde que el dúo violentó sus vidas, todavía éstas no han sido contactadas por los agentes para hacer alguna rueda de identificación física ni de voz, como en repetidas ocasiones han solicitado.
Uno de los jóvenes detenidos tiene un parecido significativo con el boceto que Primera Hora elaboró con la única de las víctimas que pudo ver la cara de uno de ellos, informó una fuente.
De testimonios de víctimas se desprende que “el flaco” tenía voz juvenil, se mostraba inseguro y recibía órdenes y buscaba aprobación del sujeto grueso para llevar a cabo la agresión sexual. Esta descripción encaja perfectamente con los detenidos.
martes, 13 de octubre de 2009
Bravas Bravas Mujeres.... hacen desobediencia civil en solidaridad con las despedidas!
Mujeres se encadenan frente al Banco Popular de la Ponce de León en protesta
Foto Andre Kang/Primera Hora
martes, 13 de octubre de 2009
Actualizado hace 3 horas (07:24 a.m. )
Janizabeth Sánchez y Andre Kang / Primera Hora
Seis mujeres se encadenaron en la mañana de hoy frente al Banco Popular en la avenida Ponce de León esquina con la calle Quisqueya obstruyendo el flujo vehicular.
Utilizando camisetas blancas las mujeres se apostaron de tal forma que bloquearon completamente el paso de los automóviles que transitan por la zona.
Las mujeres fueron identificadas como Sandra Correa, presidenta de la Unión de Profesionales, Administrativos, Secretarial y Oficina de Educación., Karen de León, secretaria de Educación y miembro del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Adriana Alonso del Movimiento Amplio de Mujeres, Liana Carrasquillo, miembro del Colectivo Feminista Mafalda y Carmen Ducós, una mujer que quedó desempleada a causa de los despidos y Rachel Hiskes, líder estudiantil en Río Piedras.
Agentes de la Policía se presentaron en el lugar, pero las mujeres se sentaron en el piso y se negaron a abandonar la avenida.
Luego de intervenir con las mujeres, a eso de las 7:48 una escuadra de mujeres policías cortaron la cadena y las cargaron hasta la acera.
Las mujeres no fueron arrestadas.
Las manifestantes expresaron en un comunicado que “las mujeres han sido uno de los sectores más golpeados por los despidos masivos anunciados por el Gobierno, pues son miles de madres que son el sostén económico de la familia y que quedarán sin ingresos ni servicios que alivien su inmensa responsabilidad social”.
“Los banqueros, los grandes empresarios y contratistas multimillonarios son los que impulsan el programa de desmantelamiento y privatización del servicio público, el despido de miles de trabajadores y la eliminación de la protección ambiental que ahora ejecuta el gobernador Luis Fortuño. Por eso nos plantamos frente a la sede de su exclusivo restaurante, el Bankers Club, para que no crean que ya olvidamos quién puso y mantiene a Fortuño en la gobernación”, afirmó Correa.
“Todas recordamos que el presidente del Banco Popular, Richard Carrión, presidió el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (Caref), compuesto por un grupo de empresarios millonarios, cuyas recomendaciones hoy impone el Gobierno”, añadió Carmen Ducós.
Hiskes, estudiante de Trabajo Social, calificó el cierre de todos los recintos de la UPR como “un sabotaje de parte de la administración para frenar las asambleas estudiantiles”, y advirtió que “el movimiento estudiantil no descansará, pues estamos en pie de lucha y vamos a hacernos sentir el jueves cuando marchemos en repudio a la Ley 7 y el gobierno de Luis Fortuño”.
Por su parte, Alonso indicó que "somos casi invisibles. En este proceso, somos las más afectadas. Primero prácticamente clausuran la Procuradoría de la Mujer, luego dejan sin efecto las licencias por maternidad y van en aumento los casos de violencia contra las mujeres, como consecuencia de la crisis social. Estoy aquí para que se nos escuche y se nos atienda”.
Las participantes exhortaron a todas las mujeres y al pueblo en general a participar en el Paro Nacional convocado para pasado mañana, jueves 15 de octubre.
Foto Andre Kang/Primera Hora
martes, 13 de octubre de 2009
Actualizado hace 3 horas (07:24 a.m. )
Janizabeth Sánchez y Andre Kang / Primera Hora
Seis mujeres se encadenaron en la mañana de hoy frente al Banco Popular en la avenida Ponce de León esquina con la calle Quisqueya obstruyendo el flujo vehicular.
Utilizando camisetas blancas las mujeres se apostaron de tal forma que bloquearon completamente el paso de los automóviles que transitan por la zona.
Las mujeres fueron identificadas como Sandra Correa, presidenta de la Unión de Profesionales, Administrativos, Secretarial y Oficina de Educación., Karen de León, secretaria de Educación y miembro del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Adriana Alonso del Movimiento Amplio de Mujeres, Liana Carrasquillo, miembro del Colectivo Feminista Mafalda y Carmen Ducós, una mujer que quedó desempleada a causa de los despidos y Rachel Hiskes, líder estudiantil en Río Piedras.
Agentes de la Policía se presentaron en el lugar, pero las mujeres se sentaron en el piso y se negaron a abandonar la avenida.
Luego de intervenir con las mujeres, a eso de las 7:48 una escuadra de mujeres policías cortaron la cadena y las cargaron hasta la acera.
Las mujeres no fueron arrestadas.
Las manifestantes expresaron en un comunicado que “las mujeres han sido uno de los sectores más golpeados por los despidos masivos anunciados por el Gobierno, pues son miles de madres que son el sostén económico de la familia y que quedarán sin ingresos ni servicios que alivien su inmensa responsabilidad social”.
“Los banqueros, los grandes empresarios y contratistas multimillonarios son los que impulsan el programa de desmantelamiento y privatización del servicio público, el despido de miles de trabajadores y la eliminación de la protección ambiental que ahora ejecuta el gobernador Luis Fortuño. Por eso nos plantamos frente a la sede de su exclusivo restaurante, el Bankers Club, para que no crean que ya olvidamos quién puso y mantiene a Fortuño en la gobernación”, afirmó Correa.
“Todas recordamos que el presidente del Banco Popular, Richard Carrión, presidió el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (Caref), compuesto por un grupo de empresarios millonarios, cuyas recomendaciones hoy impone el Gobierno”, añadió Carmen Ducós.
Hiskes, estudiante de Trabajo Social, calificó el cierre de todos los recintos de la UPR como “un sabotaje de parte de la administración para frenar las asambleas estudiantiles”, y advirtió que “el movimiento estudiantil no descansará, pues estamos en pie de lucha y vamos a hacernos sentir el jueves cuando marchemos en repudio a la Ley 7 y el gobierno de Luis Fortuño”.
Por su parte, Alonso indicó que "somos casi invisibles. En este proceso, somos las más afectadas. Primero prácticamente clausuran la Procuradoría de la Mujer, luego dejan sin efecto las licencias por maternidad y van en aumento los casos de violencia contra las mujeres, como consecuencia de la crisis social. Estoy aquí para que se nos escuche y se nos atienda”.
Las participantes exhortaron a todas las mujeres y al pueblo en general a participar en el Paro Nacional convocado para pasado mañana, jueves 15 de octubre.
jueves, 8 de octubre de 2009
¿Tiene esto solución?
Víctimas protegidas a su pesar
La ley obliga a penas de alejamiento en las condenas por maltrato - ¿Puede un juez impedir una reconciliación? - El Constitucional y Luxemburgo deberán aclararlo
MÓNICA CEBERIO BELAZA 08/10/2009
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara.
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. Mientras, gritaba: "Eres una blanca de mierda, yo soy un negro y no tengo miedo a la policía. Te mataré". Fue condenado a 16 meses de cárcel por lesiones y amenazas en noviembre de 2007. Y los jueces dictaminaron que no podría acercarse a Eva en un año y nueve meses.
Pero se acercó. Porque ella quiso. Casi de inmediato, después de la condena, la pareja reanudó la convivencia. Meses después, los vecinos oyeron gritos en la casa, en un pueblo de Tarragona, y llamaron a los Mossos d'Esquadra. Descubrieron que la orden de alejamiento no se cumplía y a él lo condenaron por quebrantar la condena. Magatte apeló.
Eva pide a la justicia que le deje vivir con su agresor. No entiende que el Estado se meta en su vida. Dice que es una "víctima" de la normativa penal. Las leyes obligan a que en todas las sentencias por maltrato se imponga una pena de alejamiento. Varios jueces han presentado cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal (el 57.2) y la Audiencia de Tarragona ha llevado el caso de Eva y Magatte al Tribunal de la UE. Los magistrados tarraconenses creen que la ley es contraria al derecho comunitario en su principio "al respeto de su vida privada y familiar".
No es una cuestión fácil de resolver. ¿Se debe proteger a las víctimas contra su voluntad? Por un lado está el derecho de cualquiera a hacer con su vida lo que le venga en gana, incluso si eso conlleva ponerse en riesgo. Pero, por otro, ¿qué ocurre si la mujer muere o es gravemente agredida? ¿Quién es el responsable? ¿Ella? ¿El Estado por no haberla protegido? ¿Deben tener los jueces capacidad para decidir lo más conveniente o se les debe obligar a que impongan el alejamiento en todas y cada una de las sentencias?
El Código Penal se reformó en 2003 para establecer el alejamiento obligatorio para la violencia machista y doméstica, cuando gobernaba el PP -dos años antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género-. Antes de esa fecha, eran los jueces los que tenían la última palabra. El Gobierno baraja la posibilidad de modificar la ley para que los jueces puedan volver a decidir, pero no hay ninguna decisión tomada. En el Ministerio de Igualdad estudian la cuestión. Pero tardan en decidir. Ya en febrero de 2006 el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Ejecutivo estaba "dispuesto a contemplar" que el alejamiento fuera una pena "flexible".
Juzgados y Audiencias Provinciales han presentado, desde 2005, una veintena de cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay consenso dentro de la judicatura sobre la conveniencia de la reforma. Los magistrados entienden que hay casos de maltrato leve y puntual, sin riesgo de reincidencia, en los que no tiene sentido impedir a la mujer volver con su pareja si ese es su deseo. En este sentido, se pronunció el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006. Añadieron que si la ley no se modifica y tienen que imponer el alejamiento en todos los casos, al menos se les debería permitir poder dejar en suspenso la medida.
Por otro lado, los jueces dicen que las razones que llevaron a que se impusiera esa norma ya no existen. "Las órdenes de alejamiento se introdujeron en la legislación en 1999", explica la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán. "Se establecieron como pena obligatoria para los casos de violencia de género y doméstica en 2003 porque, al ser una pena tan reciente, los jueces no estaban acostumbrados a imponerla y la usaban poco. Pero ya ha cambiado la cultura de los jueces. El alejamiento está normalizado y no existe ese riesgo".
Algunas asociaciones de mujeres no están de acuerdo. "Los jueces son todavía precavidos a la hora de dictar medidas de alejamiento", señala Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Poner esta decisión de nuevo en sus manos sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo para ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y percibe el peligro que corre. En el caso de Eva, no creo que se pueda confiar en alguien que te ha pegado puñetazos y te ha amenazado de muerte".
Este último argumento lleva a la cuestión más peliaguda. Si se reformara la ley y se dejara la decisión en manos del juez, ¿debe protegerse a una mujer en contra de su deseo si se percibe que está en riesgo? La Audiencia Provincial de Valladolid, uno de los tribunales que ha acudido al Constitucional, consideró que cuando el alejamiento se impone contra la voluntad de la víctima "se atenta contra su dignidad y contra su derecho a decidir libremente con quién quiere compartir su vida".
El magistrado Ramón Sáez, que también ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, pregunta al alto tribunal si los poderes públicos tienen el derecho de separar a cónyuges y convivientes. Dice que, con esta medida, "la mujer pasa de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado" y que "imponerle una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma". "Al no distinguir los supuestos de riesgo de otros en los que no hay un pronóstico de peligrosidad, se impone a la mujer una solución única y se le confisca la posibilidad de optar. Además, identifica su comportamiento como un fenómeno patológico, al presentar su decisión de mantener la convivencia con su pareja como algo extraño y morboso".
En uno de los casos que juzgó Sáez, un chico le había tirado una grapadora a su novia y le había provocado un hematoma. Ella le denunció pero continuaron viviendo juntos. La Fiscalía, que apoyó la cuestión de constitucionalidad, criticó el alejamiento obligatorio porque eliminaba "para los supuestos puntuales, ocasionales y de escasa gravedad, cualquier posibilidad de reconciliación o reparación extrajudicial".
Los jueces piden que les dejen usar su sentido común. "En los casos graves, el Estado estaría haciendo dejación de funciones si no dicta una orden de alejamiento aunque la mujer no lo desee", señala la magistrada Montalbán. "Pero en estos otros casos leves, debería dejarse al juez que decida, apoyado por informes técnicos que determinen que la voluntad de la mujer no está viciada y que no hay riesgo de reiteración delictiva". "El alejamiento obligatorio es ineficaz", señala Ramón Sáez. "Las parejas vuelven a vivir juntas diga lo que diga el Estado. Una pena de estas características está abocada al fracaso".
La ley obliga a penas de alejamiento en las condenas por maltrato - ¿Puede un juez impedir una reconciliación? - El Constitucional y Luxemburgo deberán aclararlo
MÓNICA CEBERIO BELAZA 08/10/2009
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara.
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. Mientras, gritaba: "Eres una blanca de mierda, yo soy un negro y no tengo miedo a la policía. Te mataré". Fue condenado a 16 meses de cárcel por lesiones y amenazas en noviembre de 2007. Y los jueces dictaminaron que no podría acercarse a Eva en un año y nueve meses.
Pero se acercó. Porque ella quiso. Casi de inmediato, después de la condena, la pareja reanudó la convivencia. Meses después, los vecinos oyeron gritos en la casa, en un pueblo de Tarragona, y llamaron a los Mossos d'Esquadra. Descubrieron que la orden de alejamiento no se cumplía y a él lo condenaron por quebrantar la condena. Magatte apeló.
Eva pide a la justicia que le deje vivir con su agresor. No entiende que el Estado se meta en su vida. Dice que es una "víctima" de la normativa penal. Las leyes obligan a que en todas las sentencias por maltrato se imponga una pena de alejamiento. Varios jueces han presentado cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal (el 57.2) y la Audiencia de Tarragona ha llevado el caso de Eva y Magatte al Tribunal de la UE. Los magistrados tarraconenses creen que la ley es contraria al derecho comunitario en su principio "al respeto de su vida privada y familiar".
No es una cuestión fácil de resolver. ¿Se debe proteger a las víctimas contra su voluntad? Por un lado está el derecho de cualquiera a hacer con su vida lo que le venga en gana, incluso si eso conlleva ponerse en riesgo. Pero, por otro, ¿qué ocurre si la mujer muere o es gravemente agredida? ¿Quién es el responsable? ¿Ella? ¿El Estado por no haberla protegido? ¿Deben tener los jueces capacidad para decidir lo más conveniente o se les debe obligar a que impongan el alejamiento en todas y cada una de las sentencias?
El Código Penal se reformó en 2003 para establecer el alejamiento obligatorio para la violencia machista y doméstica, cuando gobernaba el PP -dos años antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género-. Antes de esa fecha, eran los jueces los que tenían la última palabra. El Gobierno baraja la posibilidad de modificar la ley para que los jueces puedan volver a decidir, pero no hay ninguna decisión tomada. En el Ministerio de Igualdad estudian la cuestión. Pero tardan en decidir. Ya en febrero de 2006 el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Ejecutivo estaba "dispuesto a contemplar" que el alejamiento fuera una pena "flexible".
Juzgados y Audiencias Provinciales han presentado, desde 2005, una veintena de cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay consenso dentro de la judicatura sobre la conveniencia de la reforma. Los magistrados entienden que hay casos de maltrato leve y puntual, sin riesgo de reincidencia, en los que no tiene sentido impedir a la mujer volver con su pareja si ese es su deseo. En este sentido, se pronunció el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006. Añadieron que si la ley no se modifica y tienen que imponer el alejamiento en todos los casos, al menos se les debería permitir poder dejar en suspenso la medida.
Por otro lado, los jueces dicen que las razones que llevaron a que se impusiera esa norma ya no existen. "Las órdenes de alejamiento se introdujeron en la legislación en 1999", explica la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán. "Se establecieron como pena obligatoria para los casos de violencia de género y doméstica en 2003 porque, al ser una pena tan reciente, los jueces no estaban acostumbrados a imponerla y la usaban poco. Pero ya ha cambiado la cultura de los jueces. El alejamiento está normalizado y no existe ese riesgo".
Algunas asociaciones de mujeres no están de acuerdo. "Los jueces son todavía precavidos a la hora de dictar medidas de alejamiento", señala Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Poner esta decisión de nuevo en sus manos sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo para ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y percibe el peligro que corre. En el caso de Eva, no creo que se pueda confiar en alguien que te ha pegado puñetazos y te ha amenazado de muerte".
Este último argumento lleva a la cuestión más peliaguda. Si se reformara la ley y se dejara la decisión en manos del juez, ¿debe protegerse a una mujer en contra de su deseo si se percibe que está en riesgo? La Audiencia Provincial de Valladolid, uno de los tribunales que ha acudido al Constitucional, consideró que cuando el alejamiento se impone contra la voluntad de la víctima "se atenta contra su dignidad y contra su derecho a decidir libremente con quién quiere compartir su vida".
El magistrado Ramón Sáez, que también ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, pregunta al alto tribunal si los poderes públicos tienen el derecho de separar a cónyuges y convivientes. Dice que, con esta medida, "la mujer pasa de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado" y que "imponerle una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma". "Al no distinguir los supuestos de riesgo de otros en los que no hay un pronóstico de peligrosidad, se impone a la mujer una solución única y se le confisca la posibilidad de optar. Además, identifica su comportamiento como un fenómeno patológico, al presentar su decisión de mantener la convivencia con su pareja como algo extraño y morboso".
En uno de los casos que juzgó Sáez, un chico le había tirado una grapadora a su novia y le había provocado un hematoma. Ella le denunció pero continuaron viviendo juntos. La Fiscalía, que apoyó la cuestión de constitucionalidad, criticó el alejamiento obligatorio porque eliminaba "para los supuestos puntuales, ocasionales y de escasa gravedad, cualquier posibilidad de reconciliación o reparación extrajudicial".
Los jueces piden que les dejen usar su sentido común. "En los casos graves, el Estado estaría haciendo dejación de funciones si no dicta una orden de alejamiento aunque la mujer no lo desee", señala la magistrada Montalbán. "Pero en estos otros casos leves, debería dejarse al juez que decida, apoyado por informes técnicos que determinen que la voluntad de la mujer no está viciada y que no hay riesgo de reiteración delictiva". "El alejamiento obligatorio es ineficaz", señala Ramón Sáez. "Las parejas vuelven a vivir juntas diga lo que diga el Estado. Una pena de estas características está abocada al fracaso".
domingo, 4 de octubre de 2009
Reseña sobre mujeres rescatistas de tierra, según J. Brentlinger
Excelente reseña aquí en el blog de la compañera Érika Fontánez Torres.
Esto no es un huevo (pero podría serlo)
A Juan Rivera Fernández, jubilado del Gobierno de Puerto Rico y, más importante aún, mi papá
[En respuesta a "La dignidad se puso a peseta (a propósito de la frase criolla “se pusieron los huevos a peseta”)" de Farash López]
No fallan. Cada vez que el pueblo de Puerto Rico, o algunos de sus sectores más vulnerables, emiten destellos de despertar de su letargo, aparecen escritores y escritoras, desde una posición pseudointelectual a intentar a desanimarlos, apagarlos y subestimarlos.
En el 2005, mi último año universitario, los grupos estudiantiles se movilizaron para evitar que se implantara un alza arbitraria en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. En áquel entonces ya Puerto Rico estaba sumergido de lleno en la ola del neoliberalismo salvaje y desnudo que, poco a poco, ha ido desmantelando las instituciones de servicios básicos en nuestro país. Recuerdo que, en aquel momento, ciertos auto-nominados intelectuales de la Universidad, por primera vez en muchos años, se movilizaron activamente… para atacar a los estudiantes organizados y no organizados que estaban participando de la huelga contra el alza en la matrícula.
Escribieron cartas, ensayos. Organizaron conferencias, foros en las librerías. Y organizaron, lo crean o no, una ¡¡manifestación!! La llamaron la Protesta del Libro (nótese que el punto focal era el libro, no las lectoras ni los lectores, como si el libro por sí solo significara algo que no estuviera relacionado directamente con el acto de la lectura y los efectos que la lectura pueda tener en la vida de las personas). Detrás de esa protesta la premisa era sencilla: los portones de la Universidad tienen que estar abiertos para los estudiantes que verdaderamente estudian, para aquellos que leen los libros, para aquellos “responsables” “serios” “ilustrados” estudiantes que no iban a la Universidad a gestiones políticas sino “simplemente” a estudiar. Cimentaron de esa forma una división casi inescapable. Si te ponías la camiseta del CUCA eras un paria, bruto, un animal. De esta forma repetían la homogeneización que tanto criticaban, ignorando la pluralidad de los que repudiaron el alza y que participaron en la huelga.
En la Escuela de Derecho, literalmente, no llegamos a más veinte (y estoy siendo generosa con el número) los estudiantes que públicamente apoyamos al movimiento estudiantil. Y esos casi veinte mirábamos espantados cómo se nos catalogaba como irresponsables, indignos…. Tanto así que hubo quien me sugirió que yo no tenía derecho a asistir a mi graduación. Los estudiantes de Derecho que apoyamos la huelga, nos mirábamos a las caras y reconocíamos a los mismos estudiantes que nos matriculábamos con entusiasmo en TODOS los cursos electivos que tuvieran que ver con teoría del derecho, sociología del derecho, derecho y cambio social (cursos en los que se exige de la estudiante que lea, que lea mucho)… éramos exactamente los mismos que podíamos referenciar a Hegel, de Beauvoir, Foucault, Marx, Hobbes en un trabajo legal, esos de repente, por manifestar solidaridad con los y las estudiantes que se verían afectados por el alza, teníamos que aguantar que otros estudiantes se fueran a protestar frente a la Torre de la Universidad para que, con libros en la mano, los estudiantes reaccionarios y la derecha intelectual (ver Luisa Gutierrez: 2006), nos dijeran a través de un “perfomance” que no sabíamos para qué era la Universidad. Después de esa marcha, no lo dudé. Me puse la camisa del CUCA. Y reté a quien se atreviera a decirme, con camisa puesta, que yo no respetaba a mi Universidad (la misma que fue mi hogar por más de 7 años). Nadie me dijo nada. Se callaron. Pero ya habían logrado su cometido. Se acabó la huelga, se abrieron los portones de la Universidad, se impuso el alza, y cada loca con su tema.
Recientemente leí un escrito de Farash López que me recordó todo lo que he relatado. Básicamente, la autora escribe un largo ensayo para validar los despidos en el Gobierno como “necesarios e inevitables” y para convocar a las ciudadanos y ciudadanos a hacer “nuestros propios gestores de mañanas”. De camino a ello, hace referencias fáciles, y clichosas al perfil de los empleados públicos (trabajadoras “que se pintan las uñas en el trabajo, que se pasan hablando por teléfono, que se cuentan la novela”) que las pueda hacer cualquiera en dónde sea. Más aún estas son parte de los discursos hegemónicos,por eso hay que tener cautela. .Esos estereotipos, al ser tan fáciles, se repiten tanto y tanto que se han convertido en “verdad”. Ya lo dijo R. Barthes (1986):
“ los signos de que está hecha la lengua sólo existen en la medida en que son reconocidos, es decir, en la medida en que se repiten; el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy simultáneamente amo y esclavo: no me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos: yo digo, afirmo, confirmo lo que repito”.
Dudo mucho de que si le pregunto a la autora en cuál agencia, qué día, qué hora, vio a una empleada pintándose las uñas podría contestar. Aún sí, la respuesta es lo menos que importa. Lo que importa es la repetición de lo que diría cualquier persona por ahí. Para argumentar que por eso, a las agencias de gobierno había que destartalarlas porque tenían empleados y empleadas vagas, que se “aprovechaban” de nuestro dinero (porque, claro está, siempre hay que echar en cara que algunas pagamos contribuciones)… esos que hacían sus labores de mala gana y ahora lloran por las esquinas porque los despidieron. Esas generalizaciones, lugares comunes… no son una casualidad, sino una causalidad. Resulta que a un “tipo común” se le ocurrió tirar un huevo al Gobernador. Y la tierra tembló un poquito.
Al "tipo común", Roberto García, desempleado hace cuatro años, y quien la autora sospecha que es una de las personas a quienes los contribuyentes le “subsidiamos” sus necesidades básicas, lanzó un huevo al Gobernador. No sabemos nada de las capacidades emocionales, mentales y físicas de Roberto. Sólo sabemos por lo que nos hemos enterado a través de la prensa (líder comunitario, votante del PNP, dice que no es “terrorista y mucho menos comunista”) y sabemos también, claro está, del acto: lanzó un huevo. Nunca debemos subestimar la mente del ser humano. Este hombre que mostró ser ejemplo de romper con el mito del puertorriqueño dócil. Incluso, siendo del mismo partido en el poder, se atrevió a ser crítico y mucho más aún a lanzar un objeto; aunque fuese un huevo. El huevo se ha convertido en símbolo de una muestra de tener coraje del pueblo. Esto no debe subestimarse. Ayer mismo, en medio de una vista del caso de las y los rescatadores de la comunidad de Villas del Sol, uno de los colegas se solidarizó públicamente con una de las testigos del Gobierno, quien había recibido una carta de despido. Al escuchar las palabras del compañero, la testigo comenzó a llorar, conmoviéndonos a los presentes (menos al Juez). Las cesanteadas y los cesanteados tienen cara. Están en todas partes, tienen miedo, no duermen, temen por su futuro…. Entonces, algunas tiran huevos, otros hacen desobediencia civil, otras se organizan en marchas, otros en organizaciones sociales, y otras y otros se van a sus casas a llorar junto con sus familiares y a intentar dejar a un lado la profunda vulnerabilidad a la que te enfrentas cuando te quedas sin trabajo.
En estos momentos, las mentes de Puerto Rico deberían estar escribiendo en solidaridad y empatía. Sí, solidaridad y empatía. A veces pienso que estos dos conceptos son confundidos por muchas personas como meras apelaciones a la sensibilidad únicamente. Cuando, en realidad, estamos hablando de conceptos políticos utilizados como instrumentos para lograr cambios sociales. En la medida en que yo he sido lo suficientemente afortunada de beneficiarme de un sistema , dentro del cual, he logrado acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, debo ponerme en la situación del Otro, de quien no ha sido tan afortunado o afortunada como yo para ayudarle a obtener las mismas oportunidades que yo. Es en ese contexto en que lanzar un huevo adquiere resonancia política y social de la mayor importancia. Esa es la razón, por la cual, muchas aplaudimos la acción de Roberto. Porque mientras él hizo lo que hizo seguramente producto de su desesperación, las que no estamos desesperadas pero sí muy preocupadas expresamos un apoyo fuerte y rotundo para que Roberto y todas las personas que, en estos momentos, se encuentran en la rueda de abajo, sepan que no están solas. Que sepan que existimos personas que, aunque todavía tenemos con qué cumplir con nuestros acreedores (que para eso que es que se vive en este país), les tendemos una mano hermana. No basta con decirles que echen para adelante, que se las busquen, que no se limiten a llorar o a tirar huevos…. Hay que ayudarles en el proceso de la transición o de la decepción… para entonces ayudar a conseguirles las herramientas para que puedan acceder a una vida mejor. Insultándolos no vamos a llegar a ninguna parte como personas y menos como país. Después de todo, algunos tiran huevos, y otras escribimos. Por eso, esto no es un huevo pero podría serlo.
Como sea, tengo esperanza. En el 2005 las y los estudiantes solidarios fueron criminalizados, marginados y maltratados. En el 2009 la UPR tuvo una de las asambleas más concurridas de los últimos años para decretar un paro y emitir un voto de huelga. Los intelectuales que, en su momento, estuvieron detrás de la protesta del libro, ahora escriben para denunciar los actos abusivos e ilegales de la Fuerza de Choque en la Avenida Universidad. ¡Y sí, sí, se tiran huevos! Hay esperanza.
Referencias:
R. Barthes, "Fragmento de La lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística" del College de France, del 7 de enero de 1977 (Siglo XXI, 1986):
Luisa Gutierrez, “La nueva derecha intelectual y la privatización de la educación universitaria en Puerto Rico”, Apuesta, No. 1, 2006.
* Agradezco la colaboración de la Nahomi Galindo Malavé en la preparación de este escrito.
[En respuesta a "La dignidad se puso a peseta (a propósito de la frase criolla “se pusieron los huevos a peseta”)" de Farash López]
No fallan. Cada vez que el pueblo de Puerto Rico, o algunos de sus sectores más vulnerables, emiten destellos de despertar de su letargo, aparecen escritores y escritoras, desde una posición pseudointelectual a intentar a desanimarlos, apagarlos y subestimarlos.
En el 2005, mi último año universitario, los grupos estudiantiles se movilizaron para evitar que se implantara un alza arbitraria en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. En áquel entonces ya Puerto Rico estaba sumergido de lleno en la ola del neoliberalismo salvaje y desnudo que, poco a poco, ha ido desmantelando las instituciones de servicios básicos en nuestro país. Recuerdo que, en aquel momento, ciertos auto-nominados intelectuales de la Universidad, por primera vez en muchos años, se movilizaron activamente… para atacar a los estudiantes organizados y no organizados que estaban participando de la huelga contra el alza en la matrícula.
Escribieron cartas, ensayos. Organizaron conferencias, foros en las librerías. Y organizaron, lo crean o no, una ¡¡manifestación!! La llamaron la Protesta del Libro (nótese que el punto focal era el libro, no las lectoras ni los lectores, como si el libro por sí solo significara algo que no estuviera relacionado directamente con el acto de la lectura y los efectos que la lectura pueda tener en la vida de las personas). Detrás de esa protesta la premisa era sencilla: los portones de la Universidad tienen que estar abiertos para los estudiantes que verdaderamente estudian, para aquellos que leen los libros, para aquellos “responsables” “serios” “ilustrados” estudiantes que no iban a la Universidad a gestiones políticas sino “simplemente” a estudiar. Cimentaron de esa forma una división casi inescapable. Si te ponías la camiseta del CUCA eras un paria, bruto, un animal. De esta forma repetían la homogeneización que tanto criticaban, ignorando la pluralidad de los que repudiaron el alza y que participaron en la huelga.
En la Escuela de Derecho, literalmente, no llegamos a más veinte (y estoy siendo generosa con el número) los estudiantes que públicamente apoyamos al movimiento estudiantil. Y esos casi veinte mirábamos espantados cómo se nos catalogaba como irresponsables, indignos…. Tanto así que hubo quien me sugirió que yo no tenía derecho a asistir a mi graduación. Los estudiantes de Derecho que apoyamos la huelga, nos mirábamos a las caras y reconocíamos a los mismos estudiantes que nos matriculábamos con entusiasmo en TODOS los cursos electivos que tuvieran que ver con teoría del derecho, sociología del derecho, derecho y cambio social (cursos en los que se exige de la estudiante que lea, que lea mucho)… éramos exactamente los mismos que podíamos referenciar a Hegel, de Beauvoir, Foucault, Marx, Hobbes en un trabajo legal, esos de repente, por manifestar solidaridad con los y las estudiantes que se verían afectados por el alza, teníamos que aguantar que otros estudiantes se fueran a protestar frente a la Torre de la Universidad para que, con libros en la mano, los estudiantes reaccionarios y la derecha intelectual (ver Luisa Gutierrez: 2006), nos dijeran a través de un “perfomance” que no sabíamos para qué era la Universidad. Después de esa marcha, no lo dudé. Me puse la camisa del CUCA. Y reté a quien se atreviera a decirme, con camisa puesta, que yo no respetaba a mi Universidad (la misma que fue mi hogar por más de 7 años). Nadie me dijo nada. Se callaron. Pero ya habían logrado su cometido. Se acabó la huelga, se abrieron los portones de la Universidad, se impuso el alza, y cada loca con su tema.
Recientemente leí un escrito de Farash López que me recordó todo lo que he relatado. Básicamente, la autora escribe un largo ensayo para validar los despidos en el Gobierno como “necesarios e inevitables” y para convocar a las ciudadanos y ciudadanos a hacer “nuestros propios gestores de mañanas”. De camino a ello, hace referencias fáciles, y clichosas al perfil de los empleados públicos (trabajadoras “que se pintan las uñas en el trabajo, que se pasan hablando por teléfono, que se cuentan la novela”) que las pueda hacer cualquiera en dónde sea. Más aún estas son parte de los discursos hegemónicos,por eso hay que tener cautela. .Esos estereotipos, al ser tan fáciles, se repiten tanto y tanto que se han convertido en “verdad”. Ya lo dijo R. Barthes (1986):
“ los signos de que está hecha la lengua sólo existen en la medida en que son reconocidos, es decir, en la medida en que se repiten; el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy simultáneamente amo y esclavo: no me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos: yo digo, afirmo, confirmo lo que repito”.
Dudo mucho de que si le pregunto a la autora en cuál agencia, qué día, qué hora, vio a una empleada pintándose las uñas podría contestar. Aún sí, la respuesta es lo menos que importa. Lo que importa es la repetición de lo que diría cualquier persona por ahí. Para argumentar que por eso, a las agencias de gobierno había que destartalarlas porque tenían empleados y empleadas vagas, que se “aprovechaban” de nuestro dinero (porque, claro está, siempre hay que echar en cara que algunas pagamos contribuciones)… esos que hacían sus labores de mala gana y ahora lloran por las esquinas porque los despidieron. Esas generalizaciones, lugares comunes… no son una casualidad, sino una causalidad. Resulta que a un “tipo común” se le ocurrió tirar un huevo al Gobernador. Y la tierra tembló un poquito.
Al "tipo común", Roberto García, desempleado hace cuatro años, y quien la autora sospecha que es una de las personas a quienes los contribuyentes le “subsidiamos” sus necesidades básicas, lanzó un huevo al Gobernador. No sabemos nada de las capacidades emocionales, mentales y físicas de Roberto. Sólo sabemos por lo que nos hemos enterado a través de la prensa (líder comunitario, votante del PNP, dice que no es “terrorista y mucho menos comunista”) y sabemos también, claro está, del acto: lanzó un huevo. Nunca debemos subestimar la mente del ser humano. Este hombre que mostró ser ejemplo de romper con el mito del puertorriqueño dócil. Incluso, siendo del mismo partido en el poder, se atrevió a ser crítico y mucho más aún a lanzar un objeto; aunque fuese un huevo. El huevo se ha convertido en símbolo de una muestra de tener coraje del pueblo. Esto no debe subestimarse. Ayer mismo, en medio de una vista del caso de las y los rescatadores de la comunidad de Villas del Sol, uno de los colegas se solidarizó públicamente con una de las testigos del Gobierno, quien había recibido una carta de despido. Al escuchar las palabras del compañero, la testigo comenzó a llorar, conmoviéndonos a los presentes (menos al Juez). Las cesanteadas y los cesanteados tienen cara. Están en todas partes, tienen miedo, no duermen, temen por su futuro…. Entonces, algunas tiran huevos, otros hacen desobediencia civil, otras se organizan en marchas, otros en organizaciones sociales, y otras y otros se van a sus casas a llorar junto con sus familiares y a intentar dejar a un lado la profunda vulnerabilidad a la que te enfrentas cuando te quedas sin trabajo.
En estos momentos, las mentes de Puerto Rico deberían estar escribiendo en solidaridad y empatía. Sí, solidaridad y empatía. A veces pienso que estos dos conceptos son confundidos por muchas personas como meras apelaciones a la sensibilidad únicamente. Cuando, en realidad, estamos hablando de conceptos políticos utilizados como instrumentos para lograr cambios sociales. En la medida en que yo he sido lo suficientemente afortunada de beneficiarme de un sistema , dentro del cual, he logrado acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, debo ponerme en la situación del Otro, de quien no ha sido tan afortunado o afortunada como yo para ayudarle a obtener las mismas oportunidades que yo. Es en ese contexto en que lanzar un huevo adquiere resonancia política y social de la mayor importancia. Esa es la razón, por la cual, muchas aplaudimos la acción de Roberto. Porque mientras él hizo lo que hizo seguramente producto de su desesperación, las que no estamos desesperadas pero sí muy preocupadas expresamos un apoyo fuerte y rotundo para que Roberto y todas las personas que, en estos momentos, se encuentran en la rueda de abajo, sepan que no están solas. Que sepan que existimos personas que, aunque todavía tenemos con qué cumplir con nuestros acreedores (que para eso que es que se vive en este país), les tendemos una mano hermana. No basta con decirles que echen para adelante, que se las busquen, que no se limiten a llorar o a tirar huevos…. Hay que ayudarles en el proceso de la transición o de la decepción… para entonces ayudar a conseguirles las herramientas para que puedan acceder a una vida mejor. Insultándolos no vamos a llegar a ninguna parte como personas y menos como país. Después de todo, algunos tiran huevos, y otras escribimos. Por eso, esto no es un huevo pero podría serlo.
Como sea, tengo esperanza. En el 2005 las y los estudiantes solidarios fueron criminalizados, marginados y maltratados. En el 2009 la UPR tuvo una de las asambleas más concurridas de los últimos años para decretar un paro y emitir un voto de huelga. Los intelectuales que, en su momento, estuvieron detrás de la protesta del libro, ahora escriben para denunciar los actos abusivos e ilegales de la Fuerza de Choque en la Avenida Universidad. ¡Y sí, sí, se tiran huevos! Hay esperanza.
Referencias:
R. Barthes, "Fragmento de La lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística" del College de France, del 7 de enero de 1977 (Siglo XXI, 1986):
Luisa Gutierrez, “La nueva derecha intelectual y la privatización de la educación universitaria en Puerto Rico”, Apuesta, No. 1, 2006.
* Agradezco la colaboración de la Nahomi Galindo Malavé en la preparación de este escrito.
viernes, 2 de octubre de 2009
Piden a Fortuño que reconsidere casos de jefas de familia
Piden a Fortuño que reconsidere casos de jefas de familia
Líderes feministas critican al mandatario por evaluar revertir los despidos de matrimonios y no los de mujeres a cargo de hogares
Por Lilliam Irizarry (AP)
SAN JUAN (AP) — Dos líderes feministas criticaron hoy que el gobernador Luis Fortuño esté considerando revertir uno de los despidos en casos de matrimonios cesanteados, pero no así los de mujeres que son jefas de familias.
“No tomar en cuenta a las mujeres porque no tienen pareja es un atropello... No están tomando en cuenta la carga económica de las jefas de familia”, expresó la licenciada Josefina Pantojas, portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).
Destacó que las estadísticas apuntan a que la mayoría de los hogares que tienen mujeres a la cabeza viven bajo los niveles de pobreza y lamentó que ahora “van a verse más pobres de lo que ya son”.
“Es injusto privar a una familia de todo ingreso, lo que ocurre cuando se trata de una pareja en que ambos son despedidos. Pero cuando son jefas de familias, que son muchas, muchas, es todavía peor porque las estadísticas demuestran que el 60 y pico de ellas están por debajo de los niveles de pobreza”, sostuvo en entrevista con Prensa Asociada.
Pantojas se refirió a expresiones de Fortuño de que el proceso de despidos de 16,970 empleados públicos tiene errores como los casos en que se cesantearon ambos miembros de un matrimonio.
Fortuño dijo el martes que los casos en “que no se sabía que había un matrimonio, se va a atender, por supuesto que se va a atender”. Sin embargo, no expresó nada sobre los casos de familias que tienen mujeres a la cabeza.
La participación de la mujer en la fuerza laboral general es de 35%, según el censo del 2000. El mismo censo indica que el 26% de los hogares del País están dirigidos por mujeres.
La licenciada Ana Irma Rivera Lassén, de la organización Feministas en Marcha, también criticó el silencio del mandatario sobre las mujeres despedidas que están a cargo por completo de sus hogares.
“Es preocupante que Fortuño no se haya dado cuenta que muchas de las mujeres despedidas son jefas de familia y que se requiere que le ponga atención a ellas tanto como a los matrimonios que se están quedando sin trabajo. Ambas son familias que se están quedando sin el sustento por igual”, manifestó.
Rivera Lassén dijo esperar que al momento de decidir cuál de los dos miembros de un matrimonio se queda trabajando, “se utilicen criterios objetivos y no se haga con criterios estereotipados” de que el hombre debe ser el sustento familiar principal.
Pantojas exigió que el gobierno se deje de “discursos fáciles” y muestre la supuesta evidencia de que los 16,970 despidos eran la única alternativa posible para enfrentar el déficit de 3,200 millones de dólares.
También le reclamó detalles sobre cuántas mujeres serán impactadas por el plan de cesantías.
“Se supone que, por ley, las estadísticas estén segregadas por género, entre otros factores. Esa es información importante para conocer el impacto que está teniendo sobre los diferentes sectores. Deberíamos saber cuántas son las impactadas”, añadió.
Líderes feministas critican al mandatario por evaluar revertir los despidos de matrimonios y no los de mujeres a cargo de hogares
Por Lilliam Irizarry (AP)
SAN JUAN (AP) — Dos líderes feministas criticaron hoy que el gobernador Luis Fortuño esté considerando revertir uno de los despidos en casos de matrimonios cesanteados, pero no así los de mujeres que son jefas de familias.
“No tomar en cuenta a las mujeres porque no tienen pareja es un atropello... No están tomando en cuenta la carga económica de las jefas de familia”, expresó la licenciada Josefina Pantojas, portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).
Destacó que las estadísticas apuntan a que la mayoría de los hogares que tienen mujeres a la cabeza viven bajo los niveles de pobreza y lamentó que ahora “van a verse más pobres de lo que ya son”.
“Es injusto privar a una familia de todo ingreso, lo que ocurre cuando se trata de una pareja en que ambos son despedidos. Pero cuando son jefas de familias, que son muchas, muchas, es todavía peor porque las estadísticas demuestran que el 60 y pico de ellas están por debajo de los niveles de pobreza”, sostuvo en entrevista con Prensa Asociada.
Pantojas se refirió a expresiones de Fortuño de que el proceso de despidos de 16,970 empleados públicos tiene errores como los casos en que se cesantearon ambos miembros de un matrimonio.
Fortuño dijo el martes que los casos en “que no se sabía que había un matrimonio, se va a atender, por supuesto que se va a atender”. Sin embargo, no expresó nada sobre los casos de familias que tienen mujeres a la cabeza.
La participación de la mujer en la fuerza laboral general es de 35%, según el censo del 2000. El mismo censo indica que el 26% de los hogares del País están dirigidos por mujeres.
La licenciada Ana Irma Rivera Lassén, de la organización Feministas en Marcha, también criticó el silencio del mandatario sobre las mujeres despedidas que están a cargo por completo de sus hogares.
“Es preocupante que Fortuño no se haya dado cuenta que muchas de las mujeres despedidas son jefas de familia y que se requiere que le ponga atención a ellas tanto como a los matrimonios que se están quedando sin trabajo. Ambas son familias que se están quedando sin el sustento por igual”, manifestó.
Rivera Lassén dijo esperar que al momento de decidir cuál de los dos miembros de un matrimonio se queda trabajando, “se utilicen criterios objetivos y no se haga con criterios estereotipados” de que el hombre debe ser el sustento familiar principal.
Pantojas exigió que el gobierno se deje de “discursos fáciles” y muestre la supuesta evidencia de que los 16,970 despidos eran la única alternativa posible para enfrentar el déficit de 3,200 millones de dólares.
También le reclamó detalles sobre cuántas mujeres serán impactadas por el plan de cesantías.
“Se supone que, por ley, las estadísticas estén segregadas por género, entre otros factores. Esa es información importante para conocer el impacto que está teniendo sobre los diferentes sectores. Deberíamos saber cuántas son las impactadas”, añadió.
jueves, 1 de octubre de 2009
Editorial de NY TIMES sobre el aborto y la reforma de Salud de Obama
October 1, 2009
Editorial
Abortion and Health Care Reform
Critics of pending health care reforms claim they want to ensure that the government does not thrust itself between patients and doctors to dictate what medical procedures can be performed. Yet many are trying to do just that when it comes to one legal and medically valid service: abortion.
Republicans and anti-abortion Democrats in both houses of Congress are seeking to prohibit millions of Americans — those who might receive tax subsidies to help them buy insurance — from purchasing plans that would cover an abortion.
In a rational system of medical care, there would be virtually no restrictions on financing abortions. But abortion is not a rational issue, and opponents have succeeded in broadly denying the use of federal dollars to pay for them, except in the case of pregnancies that result from rape or incest or that endanger a woman’s life.
These restrictions, which constitute an improper government intrusion into Americans’ private lives, apply to the joint federal-state Medicaid program, the health insurance exchange that covers federal government employees, and health programs for military personnel, American Indians and women in prison, among others. This approach disproportionately harms poor women, who often can’t scrape together enough money for the procedure until delay has made abortions more costly and more risky.
Now abortion opponents want to apply similar restrictions to low- and middle-income Americans who would receive federal subsidies to buy coverage on the new insurance exchanges that would be created by pending health care reform bills. (These exchanges would offer an array of policies for individuals who buy their own insurance or work for small companies.)
In an effort to defuse the issue and allow health care reform to proceed, the House Energy and Commerce Committee and Senator Max Baucus, the chairman of the Senate Finance Committee, have backed a proposal that follows the spirit of the federal restrictions while allowing some leeway for people to choose plans that cover abortion on the exchanges.
This proposal would prohibit the use of federal tax subsidies to pay for almost all abortions. Health plans could provide abortion coverage provided they used only the premium money and co-payments contributed by beneficiaries and kept that money segregated from the subsidy. In every state, there would have to be at least one plan that covers abortions and one that does not.
This compromise is still far more restrictive than the rules for other tax-subsidy programs. The subsidy for employees’ contributions to their health coverage at work, for example, can be used to buy insurance that covers abortion. Roughly half of the employer-provided policies cover the procedure. Nor are there any restrictions on paying for abortions with the tax-favored health savings accounts so beloved by conservatives.
Nevertheless, conservative critics of pending reform bills want to prohibit the use of tax subsidies to buy any health insurance policy that covers abortion. Some want to require women to buy an extra insurance “rider” if they want abortion coverage, an unworkable approach given that almost no one expects to need an abortion, few women would buy the rider and, therefore, few insurance companies would even offer it.
There should be no restrictions on abortion coverage in the exchanges. Health care reformers should not retreat on this issue, but we recognize that principle is often sacrificed in Congressional bargaining. Democrats who support the compromise must find a way to prevent it from being used later to go after other tax subsidies and thus further deny Americans’ rights to make their own health-care decisions.
Editorial
Abortion and Health Care Reform
Critics of pending health care reforms claim they want to ensure that the government does not thrust itself between patients and doctors to dictate what medical procedures can be performed. Yet many are trying to do just that when it comes to one legal and medically valid service: abortion.
Republicans and anti-abortion Democrats in both houses of Congress are seeking to prohibit millions of Americans — those who might receive tax subsidies to help them buy insurance — from purchasing plans that would cover an abortion.
In a rational system of medical care, there would be virtually no restrictions on financing abortions. But abortion is not a rational issue, and opponents have succeeded in broadly denying the use of federal dollars to pay for them, except in the case of pregnancies that result from rape or incest or that endanger a woman’s life.
These restrictions, which constitute an improper government intrusion into Americans’ private lives, apply to the joint federal-state Medicaid program, the health insurance exchange that covers federal government employees, and health programs for military personnel, American Indians and women in prison, among others. This approach disproportionately harms poor women, who often can’t scrape together enough money for the procedure until delay has made abortions more costly and more risky.
Now abortion opponents want to apply similar restrictions to low- and middle-income Americans who would receive federal subsidies to buy coverage on the new insurance exchanges that would be created by pending health care reform bills. (These exchanges would offer an array of policies for individuals who buy their own insurance or work for small companies.)
In an effort to defuse the issue and allow health care reform to proceed, the House Energy and Commerce Committee and Senator Max Baucus, the chairman of the Senate Finance Committee, have backed a proposal that follows the spirit of the federal restrictions while allowing some leeway for people to choose plans that cover abortion on the exchanges.
This proposal would prohibit the use of federal tax subsidies to pay for almost all abortions. Health plans could provide abortion coverage provided they used only the premium money and co-payments contributed by beneficiaries and kept that money segregated from the subsidy. In every state, there would have to be at least one plan that covers abortions and one that does not.
This compromise is still far more restrictive than the rules for other tax-subsidy programs. The subsidy for employees’ contributions to their health coverage at work, for example, can be used to buy insurance that covers abortion. Roughly half of the employer-provided policies cover the procedure. Nor are there any restrictions on paying for abortions with the tax-favored health savings accounts so beloved by conservatives.
Nevertheless, conservative critics of pending reform bills want to prohibit the use of tax subsidies to buy any health insurance policy that covers abortion. Some want to require women to buy an extra insurance “rider” if they want abortion coverage, an unworkable approach given that almost no one expects to need an abortion, few women would buy the rider and, therefore, few insurance companies would even offer it.
There should be no restrictions on abortion coverage in the exchanges. Health care reformers should not retreat on this issue, but we recognize that principle is often sacrificed in Congressional bargaining. Democrats who support the compromise must find a way to prevent it from being used later to go after other tax subsidies and thus further deny Americans’ rights to make their own health-care decisions.
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