El reconocido periodista Julio Rivera Saniel me ha enviado su columna más reciente para Metro. Y ha pedido mi opinión. Julio me ha entrevistado en múltiples ocasiones y sus espacios noticiosos siempre han estado abiertos para que las organizaciones de derechos humanos y feministas (yo dirijo dos de ellas: Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y CLADEM de Puerto Rico) tengamos acceso a los medios para exponer nuestras visiones y hacer nuestras exigencias. Me consta, de primera mano, el compromiso de Julio con las mujeres maltratadas, pues fuera del aire y sin mucha fanfarria, me ha referido casos y siempre ha mostrado preocupación. Así que leí su columna con el corazón abierto y no con un puñal en la mano.
Sin dudas, la columna en cuestión podría considerarse problemática, desde el punto de vista de las defensoras de la Ley 54. A partir del caso de Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, Rivera Saniel reflexiona sobre lo que él entiende constituyen malos usos que algunas mujeres hacen de la ley 54. Nos pregunta:
¿realmente basta una llamada y un alegato para detener a una persona por un día y luego soltarla porque lo alegado nunca ocurrió? Si la respuesta a esto es sí, entonces, mis amigos, tenemos un problema. ¿Qué pasa con la necesidad de que se denuncie solo lo cierto? ¿No hay consecuencias para quien mienta y active las fuerzas del Estado detrás de una premisa falsa?
En términos generales, me preocupa que Julio utilice como pie forzao el caso Gallart. Como él bien reconoce, no tenemos los criterios para exculparlo. En realidad, no sabemos qué pasó. Ni que motivó la querella, ni cómo la mujer se sentía. Lo que sí sabemos es que, en este caso, el sistema aparentemente funcionó, porque después de la entrevista a las partes y la correspondiente investigación no se radicaron cargos. Si la Policía no hubiera actuado como actuó, o si hubiera ignorado la querella y se hubiera quedado de brazos caídos, hubiera abdicado en su obligación legal de actuar con premura y seriedad cada vez que una persona se querella por violencia doméstica. De hecho, entiendo que el proceso rindió frutos: se llegó a un acuerdo sobre cómo se deben dar las relaciones paterno filiales sin que Gallart tenga contacto con la madre de su hijo. En entrevista televisiva, la mujer aparentaba estar tranquila con ese resultado, a pesar de reiterar que se siente maltratada por él.
Ahora bien, ¿que opino de los llamados abusos de los remedios disponibles en la Ley 54?
Yo trato el tema desde la perspectiva de que el llamado abuso de la Ley 54 es una excepción, no la norma. Es muchísimo más común que mujeres que sí son maltratadas no soliciten los remedios de la Ley 54. Acepto que, como en todo sistema, existen fisuras por las que se cuela la mala utilización de la Ley. Sobre esto último debo señalar que en varias ocasiones he tenido que decirles a algunas mujeres que en su situación de vida no tienen base para solicitar los remedios de la Ley 54. Esto suele suceder, por ejemplo, en procesos de divorcios complejos y hostiles. Es posible que la mujer, en efecto, se sienta maltratada y vulnerada por su ex pareja porque ésta no cumple con sus responsabilidades, porque se tarda en firmar el divorcio, o porque incumple con las capitulaciones post-divorcio. Pero no existe maltrato físico, ni insultos ni amenazas a la integridad de la mujer, sus hijos/as o su propiedad. La mujer, en medio de la desesperación, tal vez piense que como la persona es su ex pareja la Ley 54 aplica para , entre otras cosas, proteger su hogar. No sabe la mujer que para que la ley 54 opere debe existir un patrón de violencia doméstica y que para proteger su hogar, por ejemplo, lo que necesita es una orden del Tribunal que reconozca el hogar seguro (si tiene hijos) o su derecho propietario, si existe una comunidad de bienes. Todos sabemos que las relaciones de pareja son complejas. No siempre terminarán en paz. Ahora, el hecho de que la mujer esté confundida o desconozca sus derechos no quiere decir que, a propósito, activó la Ley 54 para meter preso a su ex pareja. Es muy posible que ella sí se sienta vulnerada y maltratada, aunque- ante los ojos de los propósitos de la Ley 54- no se activen sus remedios.
Arriba decía que me preocupara que se utilizara el caso de Gallart para hablar sobre este tema. Me preocupa porque de lo que el propio Gallart reconoce es cierto que él utilizó la amenaza - sacar a su hijo y a su ex pareja- del hogar que, por alguna razón que desconozco, él entiende no tiene obligación alguna de garantizar. El tiene justificaciones para repartir sobre por qué hizo lo que hizo, pero amenazar con tirar a una persona a la calle "si no brega bien" no es cualquier cosa y, en determinadas circunstancias, un mensaje como ese sí podría considerarse como un acto de maltrato psicológico. Así: hizo bien la mujer en querellarse si se sentía amenazada e hizo bien la Policía de Puerto Rico en investigar con premura la situación. Por cierto, aprovecho para aclarar a quien no lo sepa que nuestro Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a hogar seguro a todo menor de edad cuyos padres se hayan separado. Ese hogar seguro podría constituirse con una propiedad privativa del padre o la madre no custodia. Así, Gallart no es el único ni será el único que cede o paga una casa de su propiedad para que hijo tenga un lugar dónde vivir.
La ley 54 es una herramienta importante para asegurarnos de que las personas maltratadas por sus parejas tengan remedios legales que les protejan. El maltrato tiene muchas caras, a veces sólo reconocibles por la propia víctima. Para evitar los llamados malos usos de la Ley lo que hay que hacer es unirse a los reclamos de las personas que, como yo, nos consideramos defensoras de derechos humanos y de las mujeres. Hay que reclamar del Estado más recursos para que la Policía y fiscalía puedan investigar con seriedad y rapidez las querellas por violencia doméstica. Si eso se hiciera con eficacia en cada uno las querellas, menos mujeres quedarían desprotegidas y, a la vez, cualquier querella y/o solicitud de orden de protección que no proceda podría quedar en nada en menos de 24 horas como sucedió en el caso de Gallart.
Y sí, para que la Ley 54 funcione y cumpla con sus propósitos es imperativo que el Estado active un proceso, en cuanto la persona que se siente maltratada, levanta el teléfono o acude al Cuartel para hacer la querella. Cuando eso no sucede, como- de hecho- no sucede demasiadas veces, la vida de quien hace la querella podría estar en juego. Y si la víctima resultara asesinada, como de hecho pasa demasiadas veces, estaríamos lamentándonos (como Julio ha lamentado y denunciado tantas veces) que los agentes del Estado se hayan quedado cruzados de brazos.
En lo que va del año más de 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Ayer, en una vigilia, las recordábamos a todas. Todavía las defensoras sufrimos el asesinato de Ivonne Negrón Cintrón, la hermana de una de nuestras compañeras. Vivimos en tierra que puede ser sumamente hostil y violenta para las mujeres, por lo que la Ley 54 es una herramienta importante, cuya eficacia depende de quienes la tienen que ejecutar. En vez de enfocar nuestros ojos en las querellantes, es mejor enfocarnos en las obligaciones del Estado de erradicar la violencia contra las mujeres.
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