martes, 13 de octubre de 2009
Bravas Bravas Mujeres.... hacen desobediencia civil en solidaridad con las despedidas!
Mujeres se encadenan frente al Banco Popular de la Ponce de León en protesta
Foto Andre Kang/Primera Hora
martes, 13 de octubre de 2009
Actualizado hace 3 horas (07:24 a.m. )
Janizabeth Sánchez y Andre Kang / Primera Hora
Seis mujeres se encadenaron en la mañana de hoy frente al Banco Popular en la avenida Ponce de León esquina con la calle Quisqueya obstruyendo el flujo vehicular.
Utilizando camisetas blancas las mujeres se apostaron de tal forma que bloquearon completamente el paso de los automóviles que transitan por la zona.
Las mujeres fueron identificadas como Sandra Correa, presidenta de la Unión de Profesionales, Administrativos, Secretarial y Oficina de Educación., Karen de León, secretaria de Educación y miembro del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Adriana Alonso del Movimiento Amplio de Mujeres, Liana Carrasquillo, miembro del Colectivo Feminista Mafalda y Carmen Ducós, una mujer que quedó desempleada a causa de los despidos y Rachel Hiskes, líder estudiantil en Río Piedras.
Agentes de la Policía se presentaron en el lugar, pero las mujeres se sentaron en el piso y se negaron a abandonar la avenida.
Luego de intervenir con las mujeres, a eso de las 7:48 una escuadra de mujeres policías cortaron la cadena y las cargaron hasta la acera.
Las mujeres no fueron arrestadas.
Las manifestantes expresaron en un comunicado que “las mujeres han sido uno de los sectores más golpeados por los despidos masivos anunciados por el Gobierno, pues son miles de madres que son el sostén económico de la familia y que quedarán sin ingresos ni servicios que alivien su inmensa responsabilidad social”.
“Los banqueros, los grandes empresarios y contratistas multimillonarios son los que impulsan el programa de desmantelamiento y privatización del servicio público, el despido de miles de trabajadores y la eliminación de la protección ambiental que ahora ejecuta el gobernador Luis Fortuño. Por eso nos plantamos frente a la sede de su exclusivo restaurante, el Bankers Club, para que no crean que ya olvidamos quién puso y mantiene a Fortuño en la gobernación”, afirmó Correa.
“Todas recordamos que el presidente del Banco Popular, Richard Carrión, presidió el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (Caref), compuesto por un grupo de empresarios millonarios, cuyas recomendaciones hoy impone el Gobierno”, añadió Carmen Ducós.
Hiskes, estudiante de Trabajo Social, calificó el cierre de todos los recintos de la UPR como “un sabotaje de parte de la administración para frenar las asambleas estudiantiles”, y advirtió que “el movimiento estudiantil no descansará, pues estamos en pie de lucha y vamos a hacernos sentir el jueves cuando marchemos en repudio a la Ley 7 y el gobierno de Luis Fortuño”.
Por su parte, Alonso indicó que "somos casi invisibles. En este proceso, somos las más afectadas. Primero prácticamente clausuran la Procuradoría de la Mujer, luego dejan sin efecto las licencias por maternidad y van en aumento los casos de violencia contra las mujeres, como consecuencia de la crisis social. Estoy aquí para que se nos escuche y se nos atienda”.
Las participantes exhortaron a todas las mujeres y al pueblo en general a participar en el Paro Nacional convocado para pasado mañana, jueves 15 de octubre.
Foto Andre Kang/Primera Hora
martes, 13 de octubre de 2009
Actualizado hace 3 horas (07:24 a.m. )
Janizabeth Sánchez y Andre Kang / Primera Hora
Seis mujeres se encadenaron en la mañana de hoy frente al Banco Popular en la avenida Ponce de León esquina con la calle Quisqueya obstruyendo el flujo vehicular.
Utilizando camisetas blancas las mujeres se apostaron de tal forma que bloquearon completamente el paso de los automóviles que transitan por la zona.
Las mujeres fueron identificadas como Sandra Correa, presidenta de la Unión de Profesionales, Administrativos, Secretarial y Oficina de Educación., Karen de León, secretaria de Educación y miembro del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Adriana Alonso del Movimiento Amplio de Mujeres, Liana Carrasquillo, miembro del Colectivo Feminista Mafalda y Carmen Ducós, una mujer que quedó desempleada a causa de los despidos y Rachel Hiskes, líder estudiantil en Río Piedras.
Agentes de la Policía se presentaron en el lugar, pero las mujeres se sentaron en el piso y se negaron a abandonar la avenida.
Luego de intervenir con las mujeres, a eso de las 7:48 una escuadra de mujeres policías cortaron la cadena y las cargaron hasta la acera.
Las mujeres no fueron arrestadas.
Las manifestantes expresaron en un comunicado que “las mujeres han sido uno de los sectores más golpeados por los despidos masivos anunciados por el Gobierno, pues son miles de madres que son el sostén económico de la familia y que quedarán sin ingresos ni servicios que alivien su inmensa responsabilidad social”.
“Los banqueros, los grandes empresarios y contratistas multimillonarios son los que impulsan el programa de desmantelamiento y privatización del servicio público, el despido de miles de trabajadores y la eliminación de la protección ambiental que ahora ejecuta el gobernador Luis Fortuño. Por eso nos plantamos frente a la sede de su exclusivo restaurante, el Bankers Club, para que no crean que ya olvidamos quién puso y mantiene a Fortuño en la gobernación”, afirmó Correa.
“Todas recordamos que el presidente del Banco Popular, Richard Carrión, presidió el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (Caref), compuesto por un grupo de empresarios millonarios, cuyas recomendaciones hoy impone el Gobierno”, añadió Carmen Ducós.
Hiskes, estudiante de Trabajo Social, calificó el cierre de todos los recintos de la UPR como “un sabotaje de parte de la administración para frenar las asambleas estudiantiles”, y advirtió que “el movimiento estudiantil no descansará, pues estamos en pie de lucha y vamos a hacernos sentir el jueves cuando marchemos en repudio a la Ley 7 y el gobierno de Luis Fortuño”.
Por su parte, Alonso indicó que "somos casi invisibles. En este proceso, somos las más afectadas. Primero prácticamente clausuran la Procuradoría de la Mujer, luego dejan sin efecto las licencias por maternidad y van en aumento los casos de violencia contra las mujeres, como consecuencia de la crisis social. Estoy aquí para que se nos escuche y se nos atienda”.
Las participantes exhortaron a todas las mujeres y al pueblo en general a participar en el Paro Nacional convocado para pasado mañana, jueves 15 de octubre.
jueves, 8 de octubre de 2009
¿Tiene esto solución?
Víctimas protegidas a su pesar
La ley obliga a penas de alejamiento en las condenas por maltrato - ¿Puede un juez impedir una reconciliación? - El Constitucional y Luxemburgo deberán aclararlo
MÓNICA CEBERIO BELAZA 08/10/2009
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara.
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. Mientras, gritaba: "Eres una blanca de mierda, yo soy un negro y no tengo miedo a la policía. Te mataré". Fue condenado a 16 meses de cárcel por lesiones y amenazas en noviembre de 2007. Y los jueces dictaminaron que no podría acercarse a Eva en un año y nueve meses.
Pero se acercó. Porque ella quiso. Casi de inmediato, después de la condena, la pareja reanudó la convivencia. Meses después, los vecinos oyeron gritos en la casa, en un pueblo de Tarragona, y llamaron a los Mossos d'Esquadra. Descubrieron que la orden de alejamiento no se cumplía y a él lo condenaron por quebrantar la condena. Magatte apeló.
Eva pide a la justicia que le deje vivir con su agresor. No entiende que el Estado se meta en su vida. Dice que es una "víctima" de la normativa penal. Las leyes obligan a que en todas las sentencias por maltrato se imponga una pena de alejamiento. Varios jueces han presentado cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal (el 57.2) y la Audiencia de Tarragona ha llevado el caso de Eva y Magatte al Tribunal de la UE. Los magistrados tarraconenses creen que la ley es contraria al derecho comunitario en su principio "al respeto de su vida privada y familiar".
No es una cuestión fácil de resolver. ¿Se debe proteger a las víctimas contra su voluntad? Por un lado está el derecho de cualquiera a hacer con su vida lo que le venga en gana, incluso si eso conlleva ponerse en riesgo. Pero, por otro, ¿qué ocurre si la mujer muere o es gravemente agredida? ¿Quién es el responsable? ¿Ella? ¿El Estado por no haberla protegido? ¿Deben tener los jueces capacidad para decidir lo más conveniente o se les debe obligar a que impongan el alejamiento en todas y cada una de las sentencias?
El Código Penal se reformó en 2003 para establecer el alejamiento obligatorio para la violencia machista y doméstica, cuando gobernaba el PP -dos años antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género-. Antes de esa fecha, eran los jueces los que tenían la última palabra. El Gobierno baraja la posibilidad de modificar la ley para que los jueces puedan volver a decidir, pero no hay ninguna decisión tomada. En el Ministerio de Igualdad estudian la cuestión. Pero tardan en decidir. Ya en febrero de 2006 el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Ejecutivo estaba "dispuesto a contemplar" que el alejamiento fuera una pena "flexible".
Juzgados y Audiencias Provinciales han presentado, desde 2005, una veintena de cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay consenso dentro de la judicatura sobre la conveniencia de la reforma. Los magistrados entienden que hay casos de maltrato leve y puntual, sin riesgo de reincidencia, en los que no tiene sentido impedir a la mujer volver con su pareja si ese es su deseo. En este sentido, se pronunció el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006. Añadieron que si la ley no se modifica y tienen que imponer el alejamiento en todos los casos, al menos se les debería permitir poder dejar en suspenso la medida.
Por otro lado, los jueces dicen que las razones que llevaron a que se impusiera esa norma ya no existen. "Las órdenes de alejamiento se introdujeron en la legislación en 1999", explica la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán. "Se establecieron como pena obligatoria para los casos de violencia de género y doméstica en 2003 porque, al ser una pena tan reciente, los jueces no estaban acostumbrados a imponerla y la usaban poco. Pero ya ha cambiado la cultura de los jueces. El alejamiento está normalizado y no existe ese riesgo".
Algunas asociaciones de mujeres no están de acuerdo. "Los jueces son todavía precavidos a la hora de dictar medidas de alejamiento", señala Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Poner esta decisión de nuevo en sus manos sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo para ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y percibe el peligro que corre. En el caso de Eva, no creo que se pueda confiar en alguien que te ha pegado puñetazos y te ha amenazado de muerte".
Este último argumento lleva a la cuestión más peliaguda. Si se reformara la ley y se dejara la decisión en manos del juez, ¿debe protegerse a una mujer en contra de su deseo si se percibe que está en riesgo? La Audiencia Provincial de Valladolid, uno de los tribunales que ha acudido al Constitucional, consideró que cuando el alejamiento se impone contra la voluntad de la víctima "se atenta contra su dignidad y contra su derecho a decidir libremente con quién quiere compartir su vida".
El magistrado Ramón Sáez, que también ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, pregunta al alto tribunal si los poderes públicos tienen el derecho de separar a cónyuges y convivientes. Dice que, con esta medida, "la mujer pasa de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado" y que "imponerle una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma". "Al no distinguir los supuestos de riesgo de otros en los que no hay un pronóstico de peligrosidad, se impone a la mujer una solución única y se le confisca la posibilidad de optar. Además, identifica su comportamiento como un fenómeno patológico, al presentar su decisión de mantener la convivencia con su pareja como algo extraño y morboso".
En uno de los casos que juzgó Sáez, un chico le había tirado una grapadora a su novia y le había provocado un hematoma. Ella le denunció pero continuaron viviendo juntos. La Fiscalía, que apoyó la cuestión de constitucionalidad, criticó el alejamiento obligatorio porque eliminaba "para los supuestos puntuales, ocasionales y de escasa gravedad, cualquier posibilidad de reconciliación o reparación extrajudicial".
Los jueces piden que les dejen usar su sentido común. "En los casos graves, el Estado estaría haciendo dejación de funciones si no dicta una orden de alejamiento aunque la mujer no lo desee", señala la magistrada Montalbán. "Pero en estos otros casos leves, debería dejarse al juez que decida, apoyado por informes técnicos que determinen que la voluntad de la mujer no está viciada y que no hay riesgo de reiteración delictiva". "El alejamiento obligatorio es ineficaz", señala Ramón Sáez. "Las parejas vuelven a vivir juntas diga lo que diga el Estado. Una pena de estas características está abocada al fracaso".
La ley obliga a penas de alejamiento en las condenas por maltrato - ¿Puede un juez impedir una reconciliación? - El Constitucional y Luxemburgo deberán aclararlo
MÓNICA CEBERIO BELAZA 08/10/2009
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara.
Magatte y Eva salieron a tomar una copa el 4 de agosto de 2007. Discutieron. Eran pareja y convivían desde hacía cuatro años. Magatte no fue a casa hasta las seis de la madrugada. Eva estaba durmiendo. Él le dio varios puñetazos en el cuerpo y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. Mientras, gritaba: "Eres una blanca de mierda, yo soy un negro y no tengo miedo a la policía. Te mataré". Fue condenado a 16 meses de cárcel por lesiones y amenazas en noviembre de 2007. Y los jueces dictaminaron que no podría acercarse a Eva en un año y nueve meses.
Pero se acercó. Porque ella quiso. Casi de inmediato, después de la condena, la pareja reanudó la convivencia. Meses después, los vecinos oyeron gritos en la casa, en un pueblo de Tarragona, y llamaron a los Mossos d'Esquadra. Descubrieron que la orden de alejamiento no se cumplía y a él lo condenaron por quebrantar la condena. Magatte apeló.
Eva pide a la justicia que le deje vivir con su agresor. No entiende que el Estado se meta en su vida. Dice que es una "víctima" de la normativa penal. Las leyes obligan a que en todas las sentencias por maltrato se imponga una pena de alejamiento. Varios jueces han presentado cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal (el 57.2) y la Audiencia de Tarragona ha llevado el caso de Eva y Magatte al Tribunal de la UE. Los magistrados tarraconenses creen que la ley es contraria al derecho comunitario en su principio "al respeto de su vida privada y familiar".
No es una cuestión fácil de resolver. ¿Se debe proteger a las víctimas contra su voluntad? Por un lado está el derecho de cualquiera a hacer con su vida lo que le venga en gana, incluso si eso conlleva ponerse en riesgo. Pero, por otro, ¿qué ocurre si la mujer muere o es gravemente agredida? ¿Quién es el responsable? ¿Ella? ¿El Estado por no haberla protegido? ¿Deben tener los jueces capacidad para decidir lo más conveniente o se les debe obligar a que impongan el alejamiento en todas y cada una de las sentencias?
El Código Penal se reformó en 2003 para establecer el alejamiento obligatorio para la violencia machista y doméstica, cuando gobernaba el PP -dos años antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género-. Antes de esa fecha, eran los jueces los que tenían la última palabra. El Gobierno baraja la posibilidad de modificar la ley para que los jueces puedan volver a decidir, pero no hay ninguna decisión tomada. En el Ministerio de Igualdad estudian la cuestión. Pero tardan en decidir. Ya en febrero de 2006 el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que el Ejecutivo estaba "dispuesto a contemplar" que el alejamiento fuera una pena "flexible".
Juzgados y Audiencias Provinciales han presentado, desde 2005, una veintena de cuestiones de constitucionalidad por este artículo del Código Penal, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay consenso dentro de la judicatura sobre la conveniencia de la reforma. Los magistrados entienden que hay casos de maltrato leve y puntual, sin riesgo de reincidencia, en los que no tiene sentido impedir a la mujer volver con su pareja si ese es su deseo. En este sentido, se pronunció el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006. Añadieron que si la ley no se modifica y tienen que imponer el alejamiento en todos los casos, al menos se les debería permitir poder dejar en suspenso la medida.
Por otro lado, los jueces dicen que las razones que llevaron a que se impusiera esa norma ya no existen. "Las órdenes de alejamiento se introdujeron en la legislación en 1999", explica la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán. "Se establecieron como pena obligatoria para los casos de violencia de género y doméstica en 2003 porque, al ser una pena tan reciente, los jueces no estaban acostumbrados a imponerla y la usaban poco. Pero ya ha cambiado la cultura de los jueces. El alejamiento está normalizado y no existe ese riesgo".
Algunas asociaciones de mujeres no están de acuerdo. "Los jueces son todavía precavidos a la hora de dictar medidas de alejamiento", señala Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Poner esta decisión de nuevo en sus manos sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo para ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y percibe el peligro que corre. En el caso de Eva, no creo que se pueda confiar en alguien que te ha pegado puñetazos y te ha amenazado de muerte".
Este último argumento lleva a la cuestión más peliaguda. Si se reformara la ley y se dejara la decisión en manos del juez, ¿debe protegerse a una mujer en contra de su deseo si se percibe que está en riesgo? La Audiencia Provincial de Valladolid, uno de los tribunales que ha acudido al Constitucional, consideró que cuando el alejamiento se impone contra la voluntad de la víctima "se atenta contra su dignidad y contra su derecho a decidir libremente con quién quiere compartir su vida".
El magistrado Ramón Sáez, que también ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo, pregunta al alto tribunal si los poderes públicos tienen el derecho de separar a cónyuges y convivientes. Dice que, con esta medida, "la mujer pasa de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado" y que "imponerle una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma". "Al no distinguir los supuestos de riesgo de otros en los que no hay un pronóstico de peligrosidad, se impone a la mujer una solución única y se le confisca la posibilidad de optar. Además, identifica su comportamiento como un fenómeno patológico, al presentar su decisión de mantener la convivencia con su pareja como algo extraño y morboso".
En uno de los casos que juzgó Sáez, un chico le había tirado una grapadora a su novia y le había provocado un hematoma. Ella le denunció pero continuaron viviendo juntos. La Fiscalía, que apoyó la cuestión de constitucionalidad, criticó el alejamiento obligatorio porque eliminaba "para los supuestos puntuales, ocasionales y de escasa gravedad, cualquier posibilidad de reconciliación o reparación extrajudicial".
Los jueces piden que les dejen usar su sentido común. "En los casos graves, el Estado estaría haciendo dejación de funciones si no dicta una orden de alejamiento aunque la mujer no lo desee", señala la magistrada Montalbán. "Pero en estos otros casos leves, debería dejarse al juez que decida, apoyado por informes técnicos que determinen que la voluntad de la mujer no está viciada y que no hay riesgo de reiteración delictiva". "El alejamiento obligatorio es ineficaz", señala Ramón Sáez. "Las parejas vuelven a vivir juntas diga lo que diga el Estado. Una pena de estas características está abocada al fracaso".
domingo, 4 de octubre de 2009
Reseña sobre mujeres rescatistas de tierra, según J. Brentlinger
Excelente reseña aquí en el blog de la compañera Érika Fontánez Torres.
Esto no es un huevo (pero podría serlo)
A Juan Rivera Fernández, jubilado del Gobierno de Puerto Rico y, más importante aún, mi papá
[En respuesta a "La dignidad se puso a peseta (a propósito de la frase criolla “se pusieron los huevos a peseta”)" de Farash López]
No fallan. Cada vez que el pueblo de Puerto Rico, o algunos de sus sectores más vulnerables, emiten destellos de despertar de su letargo, aparecen escritores y escritoras, desde una posición pseudointelectual a intentar a desanimarlos, apagarlos y subestimarlos.
En el 2005, mi último año universitario, los grupos estudiantiles se movilizaron para evitar que se implantara un alza arbitraria en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. En áquel entonces ya Puerto Rico estaba sumergido de lleno en la ola del neoliberalismo salvaje y desnudo que, poco a poco, ha ido desmantelando las instituciones de servicios básicos en nuestro país. Recuerdo que, en aquel momento, ciertos auto-nominados intelectuales de la Universidad, por primera vez en muchos años, se movilizaron activamente… para atacar a los estudiantes organizados y no organizados que estaban participando de la huelga contra el alza en la matrícula.
Escribieron cartas, ensayos. Organizaron conferencias, foros en las librerías. Y organizaron, lo crean o no, una ¡¡manifestación!! La llamaron la Protesta del Libro (nótese que el punto focal era el libro, no las lectoras ni los lectores, como si el libro por sí solo significara algo que no estuviera relacionado directamente con el acto de la lectura y los efectos que la lectura pueda tener en la vida de las personas). Detrás de esa protesta la premisa era sencilla: los portones de la Universidad tienen que estar abiertos para los estudiantes que verdaderamente estudian, para aquellos que leen los libros, para aquellos “responsables” “serios” “ilustrados” estudiantes que no iban a la Universidad a gestiones políticas sino “simplemente” a estudiar. Cimentaron de esa forma una división casi inescapable. Si te ponías la camiseta del CUCA eras un paria, bruto, un animal. De esta forma repetían la homogeneización que tanto criticaban, ignorando la pluralidad de los que repudiaron el alza y que participaron en la huelga.
En la Escuela de Derecho, literalmente, no llegamos a más veinte (y estoy siendo generosa con el número) los estudiantes que públicamente apoyamos al movimiento estudiantil. Y esos casi veinte mirábamos espantados cómo se nos catalogaba como irresponsables, indignos…. Tanto así que hubo quien me sugirió que yo no tenía derecho a asistir a mi graduación. Los estudiantes de Derecho que apoyamos la huelga, nos mirábamos a las caras y reconocíamos a los mismos estudiantes que nos matriculábamos con entusiasmo en TODOS los cursos electivos que tuvieran que ver con teoría del derecho, sociología del derecho, derecho y cambio social (cursos en los que se exige de la estudiante que lea, que lea mucho)… éramos exactamente los mismos que podíamos referenciar a Hegel, de Beauvoir, Foucault, Marx, Hobbes en un trabajo legal, esos de repente, por manifestar solidaridad con los y las estudiantes que se verían afectados por el alza, teníamos que aguantar que otros estudiantes se fueran a protestar frente a la Torre de la Universidad para que, con libros en la mano, los estudiantes reaccionarios y la derecha intelectual (ver Luisa Gutierrez: 2006), nos dijeran a través de un “perfomance” que no sabíamos para qué era la Universidad. Después de esa marcha, no lo dudé. Me puse la camisa del CUCA. Y reté a quien se atreviera a decirme, con camisa puesta, que yo no respetaba a mi Universidad (la misma que fue mi hogar por más de 7 años). Nadie me dijo nada. Se callaron. Pero ya habían logrado su cometido. Se acabó la huelga, se abrieron los portones de la Universidad, se impuso el alza, y cada loca con su tema.
Recientemente leí un escrito de Farash López que me recordó todo lo que he relatado. Básicamente, la autora escribe un largo ensayo para validar los despidos en el Gobierno como “necesarios e inevitables” y para convocar a las ciudadanos y ciudadanos a hacer “nuestros propios gestores de mañanas”. De camino a ello, hace referencias fáciles, y clichosas al perfil de los empleados públicos (trabajadoras “que se pintan las uñas en el trabajo, que se pasan hablando por teléfono, que se cuentan la novela”) que las pueda hacer cualquiera en dónde sea. Más aún estas son parte de los discursos hegemónicos,por eso hay que tener cautela. .Esos estereotipos, al ser tan fáciles, se repiten tanto y tanto que se han convertido en “verdad”. Ya lo dijo R. Barthes (1986):
“ los signos de que está hecha la lengua sólo existen en la medida en que son reconocidos, es decir, en la medida en que se repiten; el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy simultáneamente amo y esclavo: no me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos: yo digo, afirmo, confirmo lo que repito”.
Dudo mucho de que si le pregunto a la autora en cuál agencia, qué día, qué hora, vio a una empleada pintándose las uñas podría contestar. Aún sí, la respuesta es lo menos que importa. Lo que importa es la repetición de lo que diría cualquier persona por ahí. Para argumentar que por eso, a las agencias de gobierno había que destartalarlas porque tenían empleados y empleadas vagas, que se “aprovechaban” de nuestro dinero (porque, claro está, siempre hay que echar en cara que algunas pagamos contribuciones)… esos que hacían sus labores de mala gana y ahora lloran por las esquinas porque los despidieron. Esas generalizaciones, lugares comunes… no son una casualidad, sino una causalidad. Resulta que a un “tipo común” se le ocurrió tirar un huevo al Gobernador. Y la tierra tembló un poquito.
Al "tipo común", Roberto García, desempleado hace cuatro años, y quien la autora sospecha que es una de las personas a quienes los contribuyentes le “subsidiamos” sus necesidades básicas, lanzó un huevo al Gobernador. No sabemos nada de las capacidades emocionales, mentales y físicas de Roberto. Sólo sabemos por lo que nos hemos enterado a través de la prensa (líder comunitario, votante del PNP, dice que no es “terrorista y mucho menos comunista”) y sabemos también, claro está, del acto: lanzó un huevo. Nunca debemos subestimar la mente del ser humano. Este hombre que mostró ser ejemplo de romper con el mito del puertorriqueño dócil. Incluso, siendo del mismo partido en el poder, se atrevió a ser crítico y mucho más aún a lanzar un objeto; aunque fuese un huevo. El huevo se ha convertido en símbolo de una muestra de tener coraje del pueblo. Esto no debe subestimarse. Ayer mismo, en medio de una vista del caso de las y los rescatadores de la comunidad de Villas del Sol, uno de los colegas se solidarizó públicamente con una de las testigos del Gobierno, quien había recibido una carta de despido. Al escuchar las palabras del compañero, la testigo comenzó a llorar, conmoviéndonos a los presentes (menos al Juez). Las cesanteadas y los cesanteados tienen cara. Están en todas partes, tienen miedo, no duermen, temen por su futuro…. Entonces, algunas tiran huevos, otros hacen desobediencia civil, otras se organizan en marchas, otros en organizaciones sociales, y otras y otros se van a sus casas a llorar junto con sus familiares y a intentar dejar a un lado la profunda vulnerabilidad a la que te enfrentas cuando te quedas sin trabajo.
En estos momentos, las mentes de Puerto Rico deberían estar escribiendo en solidaridad y empatía. Sí, solidaridad y empatía. A veces pienso que estos dos conceptos son confundidos por muchas personas como meras apelaciones a la sensibilidad únicamente. Cuando, en realidad, estamos hablando de conceptos políticos utilizados como instrumentos para lograr cambios sociales. En la medida en que yo he sido lo suficientemente afortunada de beneficiarme de un sistema , dentro del cual, he logrado acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, debo ponerme en la situación del Otro, de quien no ha sido tan afortunado o afortunada como yo para ayudarle a obtener las mismas oportunidades que yo. Es en ese contexto en que lanzar un huevo adquiere resonancia política y social de la mayor importancia. Esa es la razón, por la cual, muchas aplaudimos la acción de Roberto. Porque mientras él hizo lo que hizo seguramente producto de su desesperación, las que no estamos desesperadas pero sí muy preocupadas expresamos un apoyo fuerte y rotundo para que Roberto y todas las personas que, en estos momentos, se encuentran en la rueda de abajo, sepan que no están solas. Que sepan que existimos personas que, aunque todavía tenemos con qué cumplir con nuestros acreedores (que para eso que es que se vive en este país), les tendemos una mano hermana. No basta con decirles que echen para adelante, que se las busquen, que no se limiten a llorar o a tirar huevos…. Hay que ayudarles en el proceso de la transición o de la decepción… para entonces ayudar a conseguirles las herramientas para que puedan acceder a una vida mejor. Insultándolos no vamos a llegar a ninguna parte como personas y menos como país. Después de todo, algunos tiran huevos, y otras escribimos. Por eso, esto no es un huevo pero podría serlo.
Como sea, tengo esperanza. En el 2005 las y los estudiantes solidarios fueron criminalizados, marginados y maltratados. En el 2009 la UPR tuvo una de las asambleas más concurridas de los últimos años para decretar un paro y emitir un voto de huelga. Los intelectuales que, en su momento, estuvieron detrás de la protesta del libro, ahora escriben para denunciar los actos abusivos e ilegales de la Fuerza de Choque en la Avenida Universidad. ¡Y sí, sí, se tiran huevos! Hay esperanza.
Referencias:
R. Barthes, "Fragmento de La lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística" del College de France, del 7 de enero de 1977 (Siglo XXI, 1986):
Luisa Gutierrez, “La nueva derecha intelectual y la privatización de la educación universitaria en Puerto Rico”, Apuesta, No. 1, 2006.
* Agradezco la colaboración de la Nahomi Galindo Malavé en la preparación de este escrito.
[En respuesta a "La dignidad se puso a peseta (a propósito de la frase criolla “se pusieron los huevos a peseta”)" de Farash López]
No fallan. Cada vez que el pueblo de Puerto Rico, o algunos de sus sectores más vulnerables, emiten destellos de despertar de su letargo, aparecen escritores y escritoras, desde una posición pseudointelectual a intentar a desanimarlos, apagarlos y subestimarlos.
En el 2005, mi último año universitario, los grupos estudiantiles se movilizaron para evitar que se implantara un alza arbitraria en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. En áquel entonces ya Puerto Rico estaba sumergido de lleno en la ola del neoliberalismo salvaje y desnudo que, poco a poco, ha ido desmantelando las instituciones de servicios básicos en nuestro país. Recuerdo que, en aquel momento, ciertos auto-nominados intelectuales de la Universidad, por primera vez en muchos años, se movilizaron activamente… para atacar a los estudiantes organizados y no organizados que estaban participando de la huelga contra el alza en la matrícula.
Escribieron cartas, ensayos. Organizaron conferencias, foros en las librerías. Y organizaron, lo crean o no, una ¡¡manifestación!! La llamaron la Protesta del Libro (nótese que el punto focal era el libro, no las lectoras ni los lectores, como si el libro por sí solo significara algo que no estuviera relacionado directamente con el acto de la lectura y los efectos que la lectura pueda tener en la vida de las personas). Detrás de esa protesta la premisa era sencilla: los portones de la Universidad tienen que estar abiertos para los estudiantes que verdaderamente estudian, para aquellos que leen los libros, para aquellos “responsables” “serios” “ilustrados” estudiantes que no iban a la Universidad a gestiones políticas sino “simplemente” a estudiar. Cimentaron de esa forma una división casi inescapable. Si te ponías la camiseta del CUCA eras un paria, bruto, un animal. De esta forma repetían la homogeneización que tanto criticaban, ignorando la pluralidad de los que repudiaron el alza y que participaron en la huelga.
En la Escuela de Derecho, literalmente, no llegamos a más veinte (y estoy siendo generosa con el número) los estudiantes que públicamente apoyamos al movimiento estudiantil. Y esos casi veinte mirábamos espantados cómo se nos catalogaba como irresponsables, indignos…. Tanto así que hubo quien me sugirió que yo no tenía derecho a asistir a mi graduación. Los estudiantes de Derecho que apoyamos la huelga, nos mirábamos a las caras y reconocíamos a los mismos estudiantes que nos matriculábamos con entusiasmo en TODOS los cursos electivos que tuvieran que ver con teoría del derecho, sociología del derecho, derecho y cambio social (cursos en los que se exige de la estudiante que lea, que lea mucho)… éramos exactamente los mismos que podíamos referenciar a Hegel, de Beauvoir, Foucault, Marx, Hobbes en un trabajo legal, esos de repente, por manifestar solidaridad con los y las estudiantes que se verían afectados por el alza, teníamos que aguantar que otros estudiantes se fueran a protestar frente a la Torre de la Universidad para que, con libros en la mano, los estudiantes reaccionarios y la derecha intelectual (ver Luisa Gutierrez: 2006), nos dijeran a través de un “perfomance” que no sabíamos para qué era la Universidad. Después de esa marcha, no lo dudé. Me puse la camisa del CUCA. Y reté a quien se atreviera a decirme, con camisa puesta, que yo no respetaba a mi Universidad (la misma que fue mi hogar por más de 7 años). Nadie me dijo nada. Se callaron. Pero ya habían logrado su cometido. Se acabó la huelga, se abrieron los portones de la Universidad, se impuso el alza, y cada loca con su tema.
Recientemente leí un escrito de Farash López que me recordó todo lo que he relatado. Básicamente, la autora escribe un largo ensayo para validar los despidos en el Gobierno como “necesarios e inevitables” y para convocar a las ciudadanos y ciudadanos a hacer “nuestros propios gestores de mañanas”. De camino a ello, hace referencias fáciles, y clichosas al perfil de los empleados públicos (trabajadoras “que se pintan las uñas en el trabajo, que se pasan hablando por teléfono, que se cuentan la novela”) que las pueda hacer cualquiera en dónde sea. Más aún estas son parte de los discursos hegemónicos,por eso hay que tener cautela. .Esos estereotipos, al ser tan fáciles, se repiten tanto y tanto que se han convertido en “verdad”. Ya lo dijo R. Barthes (1986):
“ los signos de que está hecha la lengua sólo existen en la medida en que son reconocidos, es decir, en la medida en que se repiten; el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy simultáneamente amo y esclavo: no me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos: yo digo, afirmo, confirmo lo que repito”.
Dudo mucho de que si le pregunto a la autora en cuál agencia, qué día, qué hora, vio a una empleada pintándose las uñas podría contestar. Aún sí, la respuesta es lo menos que importa. Lo que importa es la repetición de lo que diría cualquier persona por ahí. Para argumentar que por eso, a las agencias de gobierno había que destartalarlas porque tenían empleados y empleadas vagas, que se “aprovechaban” de nuestro dinero (porque, claro está, siempre hay que echar en cara que algunas pagamos contribuciones)… esos que hacían sus labores de mala gana y ahora lloran por las esquinas porque los despidieron. Esas generalizaciones, lugares comunes… no son una casualidad, sino una causalidad. Resulta que a un “tipo común” se le ocurrió tirar un huevo al Gobernador. Y la tierra tembló un poquito.
Al "tipo común", Roberto García, desempleado hace cuatro años, y quien la autora sospecha que es una de las personas a quienes los contribuyentes le “subsidiamos” sus necesidades básicas, lanzó un huevo al Gobernador. No sabemos nada de las capacidades emocionales, mentales y físicas de Roberto. Sólo sabemos por lo que nos hemos enterado a través de la prensa (líder comunitario, votante del PNP, dice que no es “terrorista y mucho menos comunista”) y sabemos también, claro está, del acto: lanzó un huevo. Nunca debemos subestimar la mente del ser humano. Este hombre que mostró ser ejemplo de romper con el mito del puertorriqueño dócil. Incluso, siendo del mismo partido en el poder, se atrevió a ser crítico y mucho más aún a lanzar un objeto; aunque fuese un huevo. El huevo se ha convertido en símbolo de una muestra de tener coraje del pueblo. Esto no debe subestimarse. Ayer mismo, en medio de una vista del caso de las y los rescatadores de la comunidad de Villas del Sol, uno de los colegas se solidarizó públicamente con una de las testigos del Gobierno, quien había recibido una carta de despido. Al escuchar las palabras del compañero, la testigo comenzó a llorar, conmoviéndonos a los presentes (menos al Juez). Las cesanteadas y los cesanteados tienen cara. Están en todas partes, tienen miedo, no duermen, temen por su futuro…. Entonces, algunas tiran huevos, otros hacen desobediencia civil, otras se organizan en marchas, otros en organizaciones sociales, y otras y otros se van a sus casas a llorar junto con sus familiares y a intentar dejar a un lado la profunda vulnerabilidad a la que te enfrentas cuando te quedas sin trabajo.
En estos momentos, las mentes de Puerto Rico deberían estar escribiendo en solidaridad y empatía. Sí, solidaridad y empatía. A veces pienso que estos dos conceptos son confundidos por muchas personas como meras apelaciones a la sensibilidad únicamente. Cuando, en realidad, estamos hablando de conceptos políticos utilizados como instrumentos para lograr cambios sociales. En la medida en que yo he sido lo suficientemente afortunada de beneficiarme de un sistema , dentro del cual, he logrado acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, debo ponerme en la situación del Otro, de quien no ha sido tan afortunado o afortunada como yo para ayudarle a obtener las mismas oportunidades que yo. Es en ese contexto en que lanzar un huevo adquiere resonancia política y social de la mayor importancia. Esa es la razón, por la cual, muchas aplaudimos la acción de Roberto. Porque mientras él hizo lo que hizo seguramente producto de su desesperación, las que no estamos desesperadas pero sí muy preocupadas expresamos un apoyo fuerte y rotundo para que Roberto y todas las personas que, en estos momentos, se encuentran en la rueda de abajo, sepan que no están solas. Que sepan que existimos personas que, aunque todavía tenemos con qué cumplir con nuestros acreedores (que para eso que es que se vive en este país), les tendemos una mano hermana. No basta con decirles que echen para adelante, que se las busquen, que no se limiten a llorar o a tirar huevos…. Hay que ayudarles en el proceso de la transición o de la decepción… para entonces ayudar a conseguirles las herramientas para que puedan acceder a una vida mejor. Insultándolos no vamos a llegar a ninguna parte como personas y menos como país. Después de todo, algunos tiran huevos, y otras escribimos. Por eso, esto no es un huevo pero podría serlo.
Como sea, tengo esperanza. En el 2005 las y los estudiantes solidarios fueron criminalizados, marginados y maltratados. En el 2009 la UPR tuvo una de las asambleas más concurridas de los últimos años para decretar un paro y emitir un voto de huelga. Los intelectuales que, en su momento, estuvieron detrás de la protesta del libro, ahora escriben para denunciar los actos abusivos e ilegales de la Fuerza de Choque en la Avenida Universidad. ¡Y sí, sí, se tiran huevos! Hay esperanza.
Referencias:
R. Barthes, "Fragmento de La lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística" del College de France, del 7 de enero de 1977 (Siglo XXI, 1986):
Luisa Gutierrez, “La nueva derecha intelectual y la privatización de la educación universitaria en Puerto Rico”, Apuesta, No. 1, 2006.
* Agradezco la colaboración de la Nahomi Galindo Malavé en la preparación de este escrito.
viernes, 2 de octubre de 2009
Piden a Fortuño que reconsidere casos de jefas de familia
Piden a Fortuño que reconsidere casos de jefas de familia
Líderes feministas critican al mandatario por evaluar revertir los despidos de matrimonios y no los de mujeres a cargo de hogares
Por Lilliam Irizarry (AP)
SAN JUAN (AP) — Dos líderes feministas criticaron hoy que el gobernador Luis Fortuño esté considerando revertir uno de los despidos en casos de matrimonios cesanteados, pero no así los de mujeres que son jefas de familias.
“No tomar en cuenta a las mujeres porque no tienen pareja es un atropello... No están tomando en cuenta la carga económica de las jefas de familia”, expresó la licenciada Josefina Pantojas, portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).
Destacó que las estadísticas apuntan a que la mayoría de los hogares que tienen mujeres a la cabeza viven bajo los niveles de pobreza y lamentó que ahora “van a verse más pobres de lo que ya son”.
“Es injusto privar a una familia de todo ingreso, lo que ocurre cuando se trata de una pareja en que ambos son despedidos. Pero cuando son jefas de familias, que son muchas, muchas, es todavía peor porque las estadísticas demuestran que el 60 y pico de ellas están por debajo de los niveles de pobreza”, sostuvo en entrevista con Prensa Asociada.
Pantojas se refirió a expresiones de Fortuño de que el proceso de despidos de 16,970 empleados públicos tiene errores como los casos en que se cesantearon ambos miembros de un matrimonio.
Fortuño dijo el martes que los casos en “que no se sabía que había un matrimonio, se va a atender, por supuesto que se va a atender”. Sin embargo, no expresó nada sobre los casos de familias que tienen mujeres a la cabeza.
La participación de la mujer en la fuerza laboral general es de 35%, según el censo del 2000. El mismo censo indica que el 26% de los hogares del País están dirigidos por mujeres.
La licenciada Ana Irma Rivera Lassén, de la organización Feministas en Marcha, también criticó el silencio del mandatario sobre las mujeres despedidas que están a cargo por completo de sus hogares.
“Es preocupante que Fortuño no se haya dado cuenta que muchas de las mujeres despedidas son jefas de familia y que se requiere que le ponga atención a ellas tanto como a los matrimonios que se están quedando sin trabajo. Ambas son familias que se están quedando sin el sustento por igual”, manifestó.
Rivera Lassén dijo esperar que al momento de decidir cuál de los dos miembros de un matrimonio se queda trabajando, “se utilicen criterios objetivos y no se haga con criterios estereotipados” de que el hombre debe ser el sustento familiar principal.
Pantojas exigió que el gobierno se deje de “discursos fáciles” y muestre la supuesta evidencia de que los 16,970 despidos eran la única alternativa posible para enfrentar el déficit de 3,200 millones de dólares.
También le reclamó detalles sobre cuántas mujeres serán impactadas por el plan de cesantías.
“Se supone que, por ley, las estadísticas estén segregadas por género, entre otros factores. Esa es información importante para conocer el impacto que está teniendo sobre los diferentes sectores. Deberíamos saber cuántas son las impactadas”, añadió.
Líderes feministas critican al mandatario por evaluar revertir los despidos de matrimonios y no los de mujeres a cargo de hogares
Por Lilliam Irizarry (AP)
SAN JUAN (AP) — Dos líderes feministas criticaron hoy que el gobernador Luis Fortuño esté considerando revertir uno de los despidos en casos de matrimonios cesanteados, pero no así los de mujeres que son jefas de familias.
“No tomar en cuenta a las mujeres porque no tienen pareja es un atropello... No están tomando en cuenta la carga económica de las jefas de familia”, expresó la licenciada Josefina Pantojas, portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).
Destacó que las estadísticas apuntan a que la mayoría de los hogares que tienen mujeres a la cabeza viven bajo los niveles de pobreza y lamentó que ahora “van a verse más pobres de lo que ya son”.
“Es injusto privar a una familia de todo ingreso, lo que ocurre cuando se trata de una pareja en que ambos son despedidos. Pero cuando son jefas de familias, que son muchas, muchas, es todavía peor porque las estadísticas demuestran que el 60 y pico de ellas están por debajo de los niveles de pobreza”, sostuvo en entrevista con Prensa Asociada.
Pantojas se refirió a expresiones de Fortuño de que el proceso de despidos de 16,970 empleados públicos tiene errores como los casos en que se cesantearon ambos miembros de un matrimonio.
Fortuño dijo el martes que los casos en “que no se sabía que había un matrimonio, se va a atender, por supuesto que se va a atender”. Sin embargo, no expresó nada sobre los casos de familias que tienen mujeres a la cabeza.
La participación de la mujer en la fuerza laboral general es de 35%, según el censo del 2000. El mismo censo indica que el 26% de los hogares del País están dirigidos por mujeres.
La licenciada Ana Irma Rivera Lassén, de la organización Feministas en Marcha, también criticó el silencio del mandatario sobre las mujeres despedidas que están a cargo por completo de sus hogares.
“Es preocupante que Fortuño no se haya dado cuenta que muchas de las mujeres despedidas son jefas de familia y que se requiere que le ponga atención a ellas tanto como a los matrimonios que se están quedando sin trabajo. Ambas son familias que se están quedando sin el sustento por igual”, manifestó.
Rivera Lassén dijo esperar que al momento de decidir cuál de los dos miembros de un matrimonio se queda trabajando, “se utilicen criterios objetivos y no se haga con criterios estereotipados” de que el hombre debe ser el sustento familiar principal.
Pantojas exigió que el gobierno se deje de “discursos fáciles” y muestre la supuesta evidencia de que los 16,970 despidos eran la única alternativa posible para enfrentar el déficit de 3,200 millones de dólares.
También le reclamó detalles sobre cuántas mujeres serán impactadas por el plan de cesantías.
“Se supone que, por ley, las estadísticas estén segregadas por género, entre otros factores. Esa es información importante para conocer el impacto que está teniendo sobre los diferentes sectores. Deberíamos saber cuántas son las impactadas”, añadió.
jueves, 1 de octubre de 2009
Editorial de NY TIMES sobre el aborto y la reforma de Salud de Obama
October 1, 2009
Editorial
Abortion and Health Care Reform
Critics of pending health care reforms claim they want to ensure that the government does not thrust itself between patients and doctors to dictate what medical procedures can be performed. Yet many are trying to do just that when it comes to one legal and medically valid service: abortion.
Republicans and anti-abortion Democrats in both houses of Congress are seeking to prohibit millions of Americans — those who might receive tax subsidies to help them buy insurance — from purchasing plans that would cover an abortion.
In a rational system of medical care, there would be virtually no restrictions on financing abortions. But abortion is not a rational issue, and opponents have succeeded in broadly denying the use of federal dollars to pay for them, except in the case of pregnancies that result from rape or incest or that endanger a woman’s life.
These restrictions, which constitute an improper government intrusion into Americans’ private lives, apply to the joint federal-state Medicaid program, the health insurance exchange that covers federal government employees, and health programs for military personnel, American Indians and women in prison, among others. This approach disproportionately harms poor women, who often can’t scrape together enough money for the procedure until delay has made abortions more costly and more risky.
Now abortion opponents want to apply similar restrictions to low- and middle-income Americans who would receive federal subsidies to buy coverage on the new insurance exchanges that would be created by pending health care reform bills. (These exchanges would offer an array of policies for individuals who buy their own insurance or work for small companies.)
In an effort to defuse the issue and allow health care reform to proceed, the House Energy and Commerce Committee and Senator Max Baucus, the chairman of the Senate Finance Committee, have backed a proposal that follows the spirit of the federal restrictions while allowing some leeway for people to choose plans that cover abortion on the exchanges.
This proposal would prohibit the use of federal tax subsidies to pay for almost all abortions. Health plans could provide abortion coverage provided they used only the premium money and co-payments contributed by beneficiaries and kept that money segregated from the subsidy. In every state, there would have to be at least one plan that covers abortions and one that does not.
This compromise is still far more restrictive than the rules for other tax-subsidy programs. The subsidy for employees’ contributions to their health coverage at work, for example, can be used to buy insurance that covers abortion. Roughly half of the employer-provided policies cover the procedure. Nor are there any restrictions on paying for abortions with the tax-favored health savings accounts so beloved by conservatives.
Nevertheless, conservative critics of pending reform bills want to prohibit the use of tax subsidies to buy any health insurance policy that covers abortion. Some want to require women to buy an extra insurance “rider” if they want abortion coverage, an unworkable approach given that almost no one expects to need an abortion, few women would buy the rider and, therefore, few insurance companies would even offer it.
There should be no restrictions on abortion coverage in the exchanges. Health care reformers should not retreat on this issue, but we recognize that principle is often sacrificed in Congressional bargaining. Democrats who support the compromise must find a way to prevent it from being used later to go after other tax subsidies and thus further deny Americans’ rights to make their own health-care decisions.
Editorial
Abortion and Health Care Reform
Critics of pending health care reforms claim they want to ensure that the government does not thrust itself between patients and doctors to dictate what medical procedures can be performed. Yet many are trying to do just that when it comes to one legal and medically valid service: abortion.
Republicans and anti-abortion Democrats in both houses of Congress are seeking to prohibit millions of Americans — those who might receive tax subsidies to help them buy insurance — from purchasing plans that would cover an abortion.
In a rational system of medical care, there would be virtually no restrictions on financing abortions. But abortion is not a rational issue, and opponents have succeeded in broadly denying the use of federal dollars to pay for them, except in the case of pregnancies that result from rape or incest or that endanger a woman’s life.
These restrictions, which constitute an improper government intrusion into Americans’ private lives, apply to the joint federal-state Medicaid program, the health insurance exchange that covers federal government employees, and health programs for military personnel, American Indians and women in prison, among others. This approach disproportionately harms poor women, who often can’t scrape together enough money for the procedure until delay has made abortions more costly and more risky.
Now abortion opponents want to apply similar restrictions to low- and middle-income Americans who would receive federal subsidies to buy coverage on the new insurance exchanges that would be created by pending health care reform bills. (These exchanges would offer an array of policies for individuals who buy their own insurance or work for small companies.)
In an effort to defuse the issue and allow health care reform to proceed, the House Energy and Commerce Committee and Senator Max Baucus, the chairman of the Senate Finance Committee, have backed a proposal that follows the spirit of the federal restrictions while allowing some leeway for people to choose plans that cover abortion on the exchanges.
This proposal would prohibit the use of federal tax subsidies to pay for almost all abortions. Health plans could provide abortion coverage provided they used only the premium money and co-payments contributed by beneficiaries and kept that money segregated from the subsidy. In every state, there would have to be at least one plan that covers abortions and one that does not.
This compromise is still far more restrictive than the rules for other tax-subsidy programs. The subsidy for employees’ contributions to their health coverage at work, for example, can be used to buy insurance that covers abortion. Roughly half of the employer-provided policies cover the procedure. Nor are there any restrictions on paying for abortions with the tax-favored health savings accounts so beloved by conservatives.
Nevertheless, conservative critics of pending reform bills want to prohibit the use of tax subsidies to buy any health insurance policy that covers abortion. Some want to require women to buy an extra insurance “rider” if they want abortion coverage, an unworkable approach given that almost no one expects to need an abortion, few women would buy the rider and, therefore, few insurance companies would even offer it.
There should be no restrictions on abortion coverage in the exchanges. Health care reformers should not retreat on this issue, but we recognize that principle is often sacrificed in Congressional bargaining. Democrats who support the compromise must find a way to prevent it from being used later to go after other tax subsidies and thus further deny Americans’ rights to make their own health-care decisions.
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