Editorial de El Nuevo Día a favor de la equidad de derechos- ¡Bravo!

14 de mayo de 2013

DERECHOS CON FUERZA DE LEY

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad histórica para mover al País un paso más hacia la justicia y la equidad que caracterizan a las sociedades democráticas, con tres proyectos de ley que buscan poner fin al trato de ciudadanos de segunda categoría que aún recibe aquí miles de personas por razón de su orientación sexual o identidad de género.

Dos de estas medidas –el proyecto del Senado 238, que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, la vivienda y otras instancias públicas y privadas, radicado el 15 de enero; y el 488 de la Cámara, que añadiría la orientación sexual, la identidad de género y el estado marital en las salvaguardas de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, radicado el 10 de enero– ya pasaron el crisol de las vistas públicas y esperan por ser sometidas a votación del pleno en el Senado y en la Cámara, respectivamente.

El tercer proyecto, el 437 del Senado, que procura eliminar cualquier disposición de género como obstáculo para la adopción, comenzará a ser evaluado en vistas públicas a partir de este jueves 16 de mayo.

La necesaria aprobación de estas medidas vendría a cubrir una deficiencia jurídica del Estado que mantiene desprotegidas a miles de personas por razones que en nada deben incumbirle al Estado, excepto en lo que respecta a garantizar sus derechos.

Como ha advertido el senador Ramón Luis Nieves, autor del proyecto 238, todavía hoy no existen protecciones legales contra gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros si son despedidos por razón de su orientación sexual e identidad de género, si son sometidos a condiciones de violencia por parte de sus parejas o si, sencillamente, desean como el resto de las personas, alcanzar su anhelo de convertirse en madres o en padres. Estas instancias de desigualdad reflejan un marco legal ajeno a nuestra realidad social e inaguantable para cualquier sociedad civilizada e inclusiva.

Los derechos civiles, como los derechos humanos, tienen que cobijar a todos los ciudadanos por igual. No pueden estar condicionados a ideologías, ni a credos ni a ninguna otra consideración que no sea la del respeto absoluto. Las consideraciones que en estos procesos cruciales de la democracia deben prevalecer son las que garanticen instancias que propendan y permitan el desarrollo pleno de cada ser humano.

Esa es la única consideración que tienen que sopesar los representantes y senadores a la hora de facilitar el trámite legislativo que viabilice que dichas medidas se conviertan en ley. Deben quedar fuera del proceso decisional los gustos personales y el cálculo electorero que con tanta frecuencia conspiran contra las causas justas.

Por otro lado, tendrán que recordar que estas medidas son coherentes también con estatutos federales creados para abrir vías de mayor justicia social a los ciudadanos estadounidenses, como es la orden emitida por el presidente Barack Obama que prohíbe el discrimen por orientación sexual u origen nacional en las organizaciones que reciben fondos federales.

Resulta demasiado fácil prometer y proyectarse como paladines de la justicia social y propulsores del progreso y bienestar de nuestra sociedad, como hacen a diario tantos políticos. Lo que el País necesita, sin embargo, es que se prescinda de la retórica y se tomen de una vez las acciones concretas, necesarias y correctas.

Eso apenas requiere palabras, pero sí mucha valentía.

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En CONTRA de la pena de muerte

EDITORIAL de MUJERESENPR.COM

Como defensora de los derechos humanos repudio la desaparición física de Madelyn Semidey Morales y me solidarizo con su familia, en especial, sus padres Don Carlos y Doña Georgina, y sus tres hijas.  Las defensoras de los derechos de las mujeres conocemos, de primera mano, el dolor inmenso que siente una persona cuando ha perdido a un ser querido a causa de la violencia de género. A lo largo de nuestras vidas, hemos brindado acompañamiento a  familiares de víctimas, hemos salido a la calle para exigir justicia y hemos reclamado reiteradamente que el Estado cumpla con sus responsabilidades y deberes para proteger el derecho de las mujeres a vivir en paz.

De ese mismo compromiso con las mujeres surge también mi convencimiento de que no existe  una mejor manera de evitar los asesinatos de mujeres que no sea través de una ruta acorde con los derechos humanos : que exista educación no sexista, que los casos de violencia de género lleguen a los tribunales,  que se brinde apoyo institucional a las organizaciones que brindan servicios directos a las mujeres pobres o víctimas de violencia.  Desde los derechos humanos no valido que el Estado ejerza la peor de las violencias: quitarle la vida a otro ser humano- culpable o no de un delito.

Me satisface que, en esta ocasión, el Estado haya procurado enjuiciar a la persona que identificó como responsable de la desaparición de Madelyn. Me alegra que Madelyn no haya resultado una víctima más cuya muerte violenta termine en impunidad. Pero la pena de muerte no es un castigo justo, ni razonable, ni efectivo. Por el contrario, permitir que un ser humano sea ejecutado por el Estado haría de Puerto Rico un país aún más violento y, por ende, nos haría aún más vulnerables a las mujeres del país.

No estoy defendiendo al asesino de una mujer. Estoy alertando que repudiamos que se utilice el asesinato de una mujer para manipular la opinión pública y, peor aún, a las personas que componen al jurado que tal vez – como nosotras- están hartas de los asesinatos de mujeres. 

Porque creo y defiendo los derechos humanos de todas las personas, repudio la desaparición física de Madelyn, a la vez que denuncio la pretensión del Estado de imponer la pena de muerte como una manera de remediar lo que no pudo hacer : proteger a Madelyn.  Hoy, a la espera del veredicto del jurado, digo NO a la pena de muerte, digo NO a la impunidad y también digo BASTA YA de violencia contra las mujeres.